Para el dirigente sindical Fernando Ibarra, el gobierno de Moreno significa explotación laboral y privilegios para los empresarios.

Punto Noticias. A criterio de Wilma Salgado, analista de economía y finanzas, el gobierno de Lenín Moreno ha ido a contracorriente de lo que ha sucedido en el mundo, en donde los gobiernos han intervenido en la economía inyectando grandes cantidades de recursos económicos para paliar la crisis económica, provocada por la pandemia. En cambio, el Ejecutivo ecuatoriano profundizó la crisis.

La experta explicó que los recursos puestos por los regímenes gubernamentales estuvieron destinados a compensar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a los desempleados. En suma, para impulsar el crecimiento económico, en cantidades que no se habían registrado en la historia.

Destacó el caso de Estados Unidos, que es el que más recursos ha inyectado, pero también de la Unión Europea, incluso los países vecinos, como Perú y otros. Pero en el caso de Ecuador, más bien, el gobierno aprovechó la pandemia para aplicar medidas absolutamente impopulares, como la eliminación de los subsidios a los combustibles, reducción de empleados públicos, despidiendo, incluso, trabajadores del sector de la salud, en plena crisis sanitaria, cuando Guayaquil se hizo famosa a nivel mundial por la magnitud de la tragedia humanitaria que vivió.

Aprovechó también para enviar a la Asamblea Nacional, con el carácter de urgente, proyectos de ley absolutamente restrictivos de la economía, en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, como las mal llamadas Ley de Reordenamiento de las Finanzas Públicas y Ley de Apoyo Humanitario, cuestionó Salgado.

Reprochó que el Ejecutivo utilizó esta última norma para impulsar una reforma laboral, que destruyó empleos y atentó contra los derechos laborales adquiridos.

Mientras tanto, Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, considera que la pandemia para los derechos de los trabajadores, en el gobierno de Moreno, inició con el ministro Raúl Ledesma Huerta.

Ahí comenzó a impulsarse las nuevas formas de contratación, que son precariedad absoluta en materia laboral. Desde esa época comenzó el despido de trabajadores del sector público, a fijarse nuevas condiciones que atentaban derechos fundamentales de los empleados, recordó.

Sostiene que la presencia del coronavirus vino a agravar la situación, poniendo como pretexto una crisis económica generalizada, que no era tal, porque, si bien había problemas en la caja fiscal, el sector privado venía de una etapa de bonanza en la que había logrado un promedio de utilidades, en el sector no financiero, por encima del 18-20%, y en el sector financiero privado por encima del 24-26%.

Criticó que los empresarios se enancaron en la crisis del sector fiscal para exigir, otra vez, prebendas, como el perdón de intereses y multas, por alrededor de dos mil millones de dólares, con la Ley de impulso a la Producción.

“La Ley de Apoyo Humanitario fue el acto más cobarde de este gobierno, porque se aprovechó de la pandemia para impulsar la reforma laboral más brutal de los últimos 70 años”, manifestó el dirigente sindical.

Lamentó que los trabajadores, confinados con el estado de excepción, estaban imposibilitados de salir a ejercer, en las calles, el derecho democrático y constitucional a la protesta. Y frente a eso, el Ejecutivo promovió una ley que arrasó con lo poco que quedaba en materia laboral, cuyo impacto fue brutal: más de un millón de trabajadores despedidos; a los que no fueron despedidos se les obligó a cambiar de régimen de jornada, pagándoles salarios por mitad de jornada, cuando en la práctica se los hace trabajar jornada completa y más; es decir, explotación laboral, señaló Ibarra.