El Colegio de Abogados de Pichincha representará legalmente a los estudiantes del Colegio Mejía que fueron notificados, a través de sus representantes, con el inicio de un proceso disciplinario, con base en un parte policial levantado el 18 de septiembre pasado cuando se dieron manifestaciones.

Ayer, varios padres de familia se reunieron con los abogados José Alomía y Julio César Sarango para definir los términos en que hoy contestarán a las autoridades del colegio.

Esto pese a que una madre relató que en una reunión que se realizó el lunes pasado con las autoridades del Ministerio de Educación, estas les indicaron que no necesitaban abogados.

En esa misma cita se conoció que los procesos disciplinarios no solo se abrirán a los estudiantes menores de edad, sino también a aquellos que recibieron una condena de dos meses de cárcel por ser cómplices del delito de dañar bienes, aunque esta finalmente se perdonó.

Fanny Guananga, madre de uno de los estudiantes, dijo que aún esperan una reunión con el rector del plantel, Jaime Torres. “Los padres de familia estamos en zozobra porque se habla de que serán sancionados de 1 a 30 días de suspensión de clases o que serán reubicados en otros colegios”, aseguró.

Ayer se buscó nuevamente la versión del rector, pero no hubo resultados positivos.

En una entrevista radial, la subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, Francisca Herdoíza, explicó que se trata de procesos disciplinarios y no jurídicos.

Agregó que la Ley de Educación Intercultural establece un procedimiento para tratar estos casos: tras la presentación de descargos se realizará una audiencia y, luego, el plantel hará un informe que se entrega a las autoridades de Educación.

Sarango señaló que estos expedientes disciplinarios atentan contra el desarrollo emocional de los jóvenes que el Estado debe garantizar.

Policías

situación médica

Policías

Familiares de tres policías heridos en las manifestaciones del 17 de septiembre dieron una rueda de prensa para hablar de su estado de salud.

Demandas

Ana Cuenca, esposa del cabo primero Vicente Tamayo; Silvia Rivadeneira, madre de Jerson Flores, que trabaja en el Centro de Adiestramiento Canino de la Policía; y Guillermo Madrid, padre del oficial Jefferson Madrid, no descartaron entablar acciones legales contra los estudiantes.