No tiene nombramiento, ni ningún documento para demostrar que está ejerciendo el cargo en el marco de la ley y la Constitución, solo lo ha podido hacer por respaldo político, agregó.

Edwin Jarrín, exvicepresidente del CPCCS (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social), señaló que en 2017 esa entidad debió elegir al Contralor General del Estado una vez que Carlos Pólit renunció al cargo, sin embargo no fue posible por las presiones políticas del Gobierno de Lenín Moreno.

“Siempre denuncié que se fraguaba un golpe de Estado institucional con el objeto de establecer un Estado de persecución a través de la cooptación de la justicia y otras entidades”.

Recordó que Rosana Alvarado, exministra de Justicia, y María Fernanda Espinosa, excanciller de la República, fueron quienes posesionaron a Pablo Celi que entonces fungía de subcontralor pese a que semanas atrás había sido removido por Pólit.

En ese sentido resaltó que tanto ambas exfuncionarias como el entonces Secretario de la Política, Miguel Carvajal, viajaron a San José de Costa Rica en febrero de 2018 para, según Jarrín, hacer lobby y presionar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego de que la Comisión (IDH)solicitó a esa instancia que se emitan medidas provisionales sobre los consejeros de Participación Ciudadana que denunciaron un proceso irregular de destitución en su contra.

Destacó que Celi no tiene nombramiento ni ningún documento para demostrar que está ejerciendo el cargo en el marco de la Constitución y la ley: “Solo lo ha hecho por respaldo político que lo sigue teniendo hasta hoy porque consiguió 80 votos en la Asamblea Nacional para que no se resuelva su juicio político”.

Jarrín manifestó que el CPCCS que él integró le quedó debiendo al país no solo el concurso para elegir al Contralor sino también para los tres vocales del Consejo Nacional Electoral: “La Asamblea podía hacer un juicio político en nuestra contra por incumplimiento de funciones”.

Con esa base Jarrín puntualizó que el actual Consejo de Participación debería convocar de manera inmediata a concurso de méritos y oposición porque además el periodo de Celi concluye en 2022: “El concurso dura cinco meses y haciendo cuentas en enero se debería posesionar el nuevo contralor en enero”.