“No resistió, murió en el trayecto al hospital”, lamenta Mónica Orrala al recordar el deceso de su esposo Luis Aguirre, el 27 de marzo. Siete días antes empezó con los síntomas del COVID19 y los últimos tres, asegura su viuda, tuvo dificultad para respirar.

Aguirre, de 49 años, formaba parte de las brigadas de fumigación del distrito de salud de Durán, y pertenecía al contrato colectivo del Ministerio de Salud (MSP), al igual que más de 15 000 empleados a nivel nacional, entre ellos auxiliares de Enfermería, Laboratorio, Farmacia, Rehabilitación, Radiología, mantenimiento, alimentación, mecánica, choferes, conserjes.

Este contrato obliga al MSP a contratar un seguro de vida para estos trabajadores. Pero no todos los familiares están informados. José (nombre protegido), hijo de un trabajador del hospital de Infectología, lo desconocía: “Una compañera de él me habló de ese seguro”.

Él entregó la documentación al área de talento humano del hospital y espera que se agilite este pago, debido a que su padre era el único que trabajaba en su familia. Él está desempleado y su mamá es jubilada.

“Con todo lo de mi papá quedamos muy endeudados, necesitamos esa indemnización”, refiere el joven, a quien le explicaron -al igual que a otros deudos- que los documentos son enviados al MSP, en Quito, para que ellos entreguen a la aseguradora Latina de Seguros, compañía con la que firmaron la póliza de vida para los trabajadores del contrato colectivo por $ 898 569, de enero de 2019 a enero de este año.

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¿Sigue vigente este contrato?, lo desconocen los familiares. Este Diario se contactó con el gerente de la aseguradora Latina, Hatus Pellegrini, pero no se refirió al tema, debido a que esperaba -según dijo- la autorización del MSP para pronunciarse. El MSP tampoco contestó un cuestionario sobre el tema.

No obstante, el proceso de contratación de Latina establece una extensión de vigencia, con las mismas condiciones, de hasta 60 días, que se cumplieron en marzo; y previo acuerdo entre ambas partes se podría solicitar una cobertura adicional de hasta 90 días. Es decir, hasta la primera semana de junio. El documento refiere, además, que en ningún caso se dejará descubierto el riesgo.

Más de tres meses después que vencía la póliza anterior, el Msp inició el 22 de abril nuevo proceso de contratación del seguro de vida para 15.382 trabajadores, por un año y con un precio referencial de $ 970 000, un 8% más que el costo de la póliza anterior. Actualmente el proceso está en preguntas y respuestas; las ofertas se pueden presentar hasta el 11 de mayo.

La cobertura de este seguro es de $ 20.000 por muerte y $ 15.000 por incapacidad total, entre otros beneficios. Si el trabajador tiene entre 18 y 70 años recibe la indemnización completa; mientras los mayores de 70 reciben la mitad.

El Msp canceló $ 53,17 por cada trabajador. Pero las cotizaciones de aseguradoras, según el proceso, subieron hasta en un 87%. Mapfre cotizó en $ 99,44; Equivida, $ 78,10; y Latina Seguros, que tiene el contrato vigente, dio la opción más baja, $ 65,13, 22% más que la póliza del 2019.

El año pasado, la aseguradora registró un 51% de siniestralidad. Se canceló $ 289 200 y $ 153 000 está en trámite. No obstante, entre febrero y abril han fallecido 19 trabajadores de la salud, la mayoría por la epidemia del Covid19, refiere Omar Triviño, secretario general de Osuntramsa (Organización Sindical Única de Trabajadores de la Salud).

Por esos 19 trabajadores, la aseguradora debería cancelar en total $380 mil a los familiares, más $30.400 por gastos de sepelio, que suman $ 410.400. Es decir, en estos tres meses se superó la cifra de siniestros pagados por la aseguradora en un año.

A los deudos de los trabajadores que fallecieron en febrero, antes de la emergencia sanitaria, aún no les han cancelado la indemnización. Esto, debido a que aún no se ha firmado la extensión del contrato del 2019, explica Triviño y asegura que como organización entregaron en diciembre pasado el requerimiento para la renovación de un seguro. Incluso, afirma, presentaron propuestas de un broker de seguros.

Triviño, de Osuntramsa, asegura que el organismo realiza seguimientos para el pago de las indemnizaciones, que generalmente demoraban entre 15 días y un mes. En las condiciones particulares de la póliza se señala que el reclamo debe cancelarse en 15 días.

Mónica Orrala, viuda de Luis Aguirre, ya lleva tres semanas desde que presentó la documentación al área de talento humano del Distrito de Durán, pero aún no le dan respuesta. «Me dijeron que ahora demorara por la emergencia», comenta preocupada la madre de tres hijos, todos estudiantes.

Martha Pilco, en cambio, lleva 15 días con la incertidumbre de saber si les pagarán el seguro de vida de su papá, César Pilco, fallecido el 16 de abril y quien se desempeñaba como chofer en el Distrito 1. Él les informó a ella y a su familia de este seguro dos días antes de su muerte. Pero ni ella ni ningún otro familiar conocían que, como parte de las condiciones particulares de la póliza, tenían otras ventajas, como asistencia hogar, descuentos en dos cadenas de farmacias y en consultas y exámenes en varios centros médicos. De este último beneficio, tampoco conocen familiares de otros trabajadores y dirigentes de los sindicatos.

Eduardo Ortega, secretario de sindicato Fortaleza, del hospital Francisco de Ycaza Bustamante, sostiene que a pesar que cada año les hacen campañas sobre los beneficios y los trabajadores y llenan los formulario con la lista de beneficiados, aún hay un grupo de trabajadores indiferentes.

«Nosotros vamos a los velorios e informamos a los deudos sobre el seguro, pero ahora con la emergencia se nos dificulta contactarlos», asegura el dirigente y refiere que en caso de que la aseguradora no cancele a los deudos, el MSP tendría que asumir dicha responsabilidad. Esto, según la transitoria del contrato colectivo, que establece que los derechos de los trabajadores se mantendrán hasta la firma del nuevo contrato colectivo.

Juan Vareles, vicepresidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasista Unitaria de Trabajadores (Cedocut), ve como discriminatorio que solo el personal del contrato colectivo tenga beneficios, como el seguro de vida: «Si tienen este beneficio, el Estado está obligado a cumplirlo no solo con los que lo suscriben sino con todos los trabajadores que tiene el Estado en el Ministerio de Salud».

Agrega que los profesionales de la salud no han reclamado este beneficio, como el seguro de vida, porque «nunca habían estado antes una situación de indefensión como nos ha traído la crisis del Covid19». Pero, apunta el dirigente, los trabajadores podrían demandar al Estado por discriminación de la que fueron objeto con la suscripción de este seguro adicional.

Patricio Salas, secretario de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg), refiere que los seguros de vida nacionales en general no tienen exclusiones por pandemia y que las aseguradoras sí cubrirán los reclamos presentados por fallecimiento por este virus. A nivel nacional, las compañías han recibido reclamos en marzo de este año por $51,4 millones , entre pagados y por liquidar. Esto es un 10% más que los siniestros cancelados el año pasado. (I)