A un mes del toque de queda aún se ajustan procedimientos para enfrentar coronavirus y Guayaquil es el laboratorio
Guayaquil brilla al atardecer, pero sus calles están solitarias, lúgubres. Sus 2,7 millones de habitantes, en su mayoría, están encerrados, obligados o por voluntad propia. Tienen miedo a la pandemia.
Por la avenida Malecón, escenario de quejas por el alto tráfico a esa hora, pasa ocasionalmente algún carro con salvoconducto. Un reloj electrónico marca los 204 días que faltan para el bicentenario de independencia, que debería de ser una fiesta deslumbrante. Hoy, la ciudad vive una pesadilla.
Minutos antes, en la avenida Domingo Comín, sur, frente a la estación Tulipanes de la Metrovía, cuatro hombres equipados con trajes de protección sacan un cadáver embalado al carro de Medicina Legal.
A esa hora también, en los exteriores de una clínica de Chimborazo y Azuay, hay decenas de carros parqueados con personas dentro. Esperan noticias de sus enfermos. Enfermos, contagiados por el COVID-19 o por males relacionados, hay en otras clínicas, en los hospitales, en sus casas, sin médicos, sin esperanza, con mucho dolor.
Por la av. Orellana, dos horas antes, una camioneta lleva un féretro y a una mujer llorosa en el balde. Ese desfile es interminable todos los días. Otros cadáveres, por decenas, son llevados en contenedores a los atestados cementerios.
- De 9000 a casi 11 000 pruebas represadas, pese a ofrecimientos
No obstante, la situación dista de lo que sucedía la última semana de marzo, cuando los familiares no sabían qué hacer con su muerto en casa y lo dejaban en las aceras. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Guayaquil fue vista como ‘ejemplo’ de lo que no se debe hacer en época de COVID-19.
Por el caos de los cadáveres botados, se hizo un reglamento de entierros y se formó un grupo de recogida. No se previó aquello y esa es la muestra de cómo se va enfrentando al COVID-19 en Guayaquil. De cómo esta ciudad se ha convertido en el laboratorio del Ecuador para la aprobación de reglamentos, de procedimientos, de buscar mejor atención en salud. Hoy se cumple un mes del decreto que dispone el toque de queda a nivel nacional, por la emergencia sanitaria, y aún se siguen corrigiendo acciones.
El toque de queda llegó casi un mes después del arribo del primer caso registrado en el país. Una mujer de 72 años vino el 14 de febrero de España, contagiada, y fue a Babahoyo. El 23 de febrero fue internada en una clínica particular de Guayaquil y diagnosticada con prueba de coronavirus el 28 de febrero; pasó al hospital del Guasmo y el caso se hizo público el 29.
Desde ahí vino una cadena de desaciertos y aciertos. Guayaquil, foco de la pandemia, lleva el 53 % de los 8225 casos del país. Guayas, el 70 %.
¿Estábamos preparados para esta pandemia?
La respuesta la dio el propio presidente Lenín Moreno, el pasado miércoles, en cadena nacional: “He leído y he escuchado varios comentarios que señalan que no estuvimos preparados. Claro que no estuvimos preparados. Nadie lo estuvo”. Y añadió: “Ningún gobierno de ningún país estuvo preparado”.
Francisco Andino, exministro de Salud, fue más allá. Expresó que a nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no tuvo una reacción a tiempo para investigar el nuevo coronavirus, originado en la ciudad china de Wuhan.
“Al final, la OMS refirió una sola estrategia (…) alejamiento, separación de personas”, dijo.
Según Andino, la pandemia, más allá de que ningún país estuvo preparado para afrontarla, evidenció falencias en el sistema de salud que se acentuaron en el gobierno anterior. Cita como ejemplo la eliminación del Servicio de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos y el Instituto Nacional de Higiene.
Para el exvicepresidente de la República León Roldós, si algo hay que destacar dentro de la crisis sanitaria, es que el Gobierno Nacional y algunos de sus funcionarios “han puesto la cara” y “eso es importante”.
Él se preocupa por otra crisis: la económica. “El Estado debe aplicar estrategias creativas para que las empresas generen recursos que posteriormente sean empleados en el cumplimiento de obligaciones como impuestos y demás”.
En eso también pagará Guayaquil, la capital económica del Ecuador. Esa Guayaquil que duele. Duele ver sus calles vacías, sus comercios cerrados. Duele por los abuelos, padres, tíos y más parientes que fallecen día a día. Son 1424 cuerpos levantados por la Fuerza de Tarea en la ciudad, desde la primera semana de abril. Duelen los síntomas, saber que vas a un hospital o centro de salud público o privado y no hallas espacio. Duele el estómago vacío por no tener trabajo.
En el año de su bicentenario, Guayaquil pone las víctimas para que el resto del país aprenda a enfrentar al coronavirus. El domingo, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que en otras ciudades se están tomando las medidas aprendidas aquí.
‘Militares deben asumir logística durante crisis’
Gustavo González considera que las Fuerzas Armadas deberían asumir toda la parte operacional para atender la actual emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.
A su juicio, aquello implica que los militares se encarguen, por ejemplo, de la distribución de los kits de alimentos en las diferentes localidades del país. Es decir, de la logística que se requiere para atender la crisis.
“Yo creo que esta situación de buscar protagonismo (político) de alguna gente no deja que Fuerzas Armadas, que son los que saben estos temas, se conduzcan con independencia. Las Fuerzas Armadas no solo sirven para hacer respetar un toque de queda. Las Fuerzas Armadas tienen mucho más cosas que aportar en esta emergencia”, reflexiona González, abogado de profesión y articulista.
Él menciona que hay componentes, como carpas, que tienen los militares y que pudieron ser instaladas en los diferentes estadios y escenarios deportivos de la ciudad para asistir a quienes se han visto afectados por el COVID-19 y dar una atención a tiempo.
Con ello, sostiene, se hubiese evitado que la familia de mucha gente que murió en su casa espere hasta ocho días para el retiro de los cadáveres.
Ese tipo de iniciativas, refiere, sí se han evidenciado en otras ciudades del país, donde la participación de las Fuerzas Armadas no se ha visto tan limitada como en Guayas y Guayaquil, la ciudad considerada epicentro de la pandemia por la alta incidencia de casos.
González manifiesta que la capacidad operativa y de inteligencia de los militares ya fue probada durante la crisis que generó el terremoto del 16 de abril de 2016, que tuvo epicentro en Manabí, otra de las provincias costeras.
En aquella ocasión las Fuerzas Armadas se encargaron de la administración de algunos albergues temporales. También distribuyeron implementos de ayuda donados por otros países y colaboraron activamente.
De ahí que, para González, es necesario que no se limite la actuación de los militares y que el manejo de la logística no siga en manos, en algunos casos, de “novatos”. Él insiste en la capacidad de los uniformados para manejar crisis o conflictos que suponen riesgos para la gente.
A diario, los militares controlan el cumplimiento de las restricciones de movilidad, como el toque de queda de 14:00 a 05:00, en el país.
Medidas adoptadas
Uso de mascarillas: De opcional a obligatorio, regulado mediante ordenanza
Después de que en el país se anunciara el primer caso de coronavirus (29 de febrero), las autoridades sanitarias indicaron que el uso de mascarillas correspondía únicamente a quienes tenían síntomas respiratorios o relacionados con el COVID-19, para reducir el riesgo de contagios.
Inicialmente la recomendación fue de que no era necesario utilizar dicho utensilio en las calles, pero posteriormente se sugirió que todo aquel que se movilizaba debía protegerse con mascarilla.
A inicios de este mes, el COE nacional dispuso a municipios emitir ordenanzas que obliguen al uso de mascarillas en espacios públicos.
Pruebas de detección: De 3 laboratorios autorizados se pasó a 60 en casi un mes
El stock de pruebas, el nivel de procesamiento y los laboratorios certificados ha sido uno de los puntos discutidos en esta emergencia. Recién ayer se puso en marcha el secuenciador Cobas 680 para entregar resultados con más agilidad.
Cuando se detectó el primer caso, solo tres laboratorios del Inspi estaban autorizados para el diagnóstico de COVID-19. Hoy, según la autoridad competente, más de 60 sitios entre privados y públicos están autorizados para la toma y procesamiento de pruebas moleculares mientras otros 400 sitios solo pueden tomar muestras para estos tests.
Luego de quince días del primer caso, el Gobierno anunció el tarifario para estas pruebas y con ello se publicaron los tres primeros laboratorios privados autorizados. En los siguientes días, los requerimientos aumentaron y hubo problemas de abastecimiento.
Ernesto Carrasco, viceministro de Atención Integral, en la Asamblea detalló que en primera instancia la OMS donó 2 mil kits para los laboratorios públicos y luego se sumaron 1000 más. A ello se agregaron 5000 y 10000 donadas por la OMS y un centro privado. A la fecha se han tomado 27868 muestras. A fines de marzo, el ministro Juan Carlos Zeballos afirmó que sí habían pruebas (33 000) y que esperaban el arribo de 200 mil más.
Movilidad y salvoconductos: Ante crisis, autos pasaron de circular de tres días a uno solo
Mientras el virus se seguía expandiendo, el 18 de marzo, las autoridades iniciaron la aplicación del sistema de control con el último dígito de la placa de los vehículos; los impares podrían salir lunes, miércoles, viernes y domingos, y los pares, martes, jueves y sábados hasta el 5 de abril.
Además, en las medidas anunciadas, se suspendió el transporte interprovincial por un periodo inicial de 14 días.
Con el aumento de la detección de casos de coronavirus, los días permitidos para circular en auto han ido variando durante este mes de toque de queda a nivel nacional.
El sábado 28 de marzo entró en vigencia que los autos solo podían circular con salvoconductos que se tramitaban en un sitio web para salir dos días a la semana. Algunos choferes usaban este documento de manera errónea, denunciaron las propias autoridades.
Luego de cinco días, el Comité de Operaciones Especiales dispuso medidas más fuertes y ahora solo se circula una vez a la semana.
Quienes portan placas con 1 y 2 pueden salir los lunes, los números 3 y 4, los martes; así hasta el viernes sucesivamente. Mientras que los fines de semana se prohibió la circulación total. En el día que le corresponde solo puede circular para buscar alimentos, medicinas o urgencias.
Cambio en Ministerio de Salud: Falta de presupuesto para la emergencia estuvo en debate
Declarada la emergencia sanitaria en Ecuador, Catalina Andramuño, ministra de Salud desde julio del 2019, aseguraba en sus apariciones televisadas que había los suficientes recursos para atender la crisis y que la cartera cumplía con los protocolos establecidos para hacerle frente a la pandemia.
Desde el principio, la ciudadanía cuestionó, por ejemplo, acciones como la de anunciar el caso cuando ya estaba confirmado y no mientras hubo la sospecha, a fin de evitar el contacto con el caso primario.
Después de anunciar que en provincias como Guayas el contagio con COVID-19 pasó a ser comunitario (es decir, se transmite de persona a persona), Andramuño renunció al cargo el 21 de marzo.
La exfuncionaria lamentó que durante la crisis “los postulados técnicos y médicos para enfrentarlo no encontraron eco en muchas instancias del Gobierno”.
Habló de una imposición de funcionarios con falta de conocimiento en salud pública y, contrario a su discurso inicial, dijo que no había recursos.
La reemplazó Juan Carlos Zevallos, quien se desempeñaba como decano de Medicina de la Universidad de Las Américas. Él repite que se cuenta con los recursos para enfrentar la emergencia, aunque las quejas siguen de médicos y pacientes.
Diligencias para sepultar fallecidos: Cementerios y funerarias, con precios elevados y sin control
El aumento de la tasa de fallecidos en el último mes también conllevó a que varios trámites como las actas de defunción se emitan gratuitamente a través del sistema online del Registro Civil, para evitar aglomeraciones en 26 agencias.
Por tres semanas, un auténtico calvario han vivido familiares de fallecidos, quienes en medio del dolor han pagado hasta $4000 por una bóveda y $1500 por un ataúd.
Los reclamos de los deudos se replicaron. Hace ocho días, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció una lista de precios. El miércoles se informó de su aprobación, pero hasta las 14:00 de ayer no se dio detalles de esa lista.
Horarios de circulación y sanciones: Quince días después de primer caso se dispuso toque de queda
Aunque el 29 de febrero el Ministerio de Salud Pública ya confirmaba el primer caso de coronavirus, el presidente de la República, Lenín Moreno, recién decretó el estado de excepción en el país y un toque de queda parcial, de 21:00 a 05:00, desde el 17 de marzo, para evitar la propagación del coronavirus en el país.
Ante el irrespeto de ciudadanos de los horarios de toque de queda, el Comité de Operaciones Emergente dispuso la formulación de un reglamento que expida sanciones que van desde $100, $400 y hasta prisión, según la reincidencia.
Hasta el 24 de marzo, el Gobierno sancionó a más de mil ciudadanos por irrespeto al horario de toque de queda, basados en el art. 282 del Código Orgánico Integral Penal, que dispone penas privativas de libertad de 1 a 3 años. Hasta el 20 de marzo, la Fiscalía registró 859 procesados en el país.
Sobre los horarios de toque de queda, el 18 de marzo se amplió para Guayas, de 16:00 a 05:00. Un día después, el COE decidió que el resto del país lo cumpla de 19:00 a 05:00 desde el 21 de marzo; mientras que en Galápagos y Santa Elena se amplió desde las 16:00.
Finalmente, el 24 de marzo se amplió el toque de queda a las 14:00 en todo el país y el 13 de abril se habilitó un semáforo por región para retomar labores según contagios.
Vuelos internacionales: Controles selectivos, emisión de ficha y suspensión de vuelos
Antes de la detección del primer caso de coronavirus, Ecuador mantenía controles aleatorios a pasajeros que arribaban de países con mayor tasa de contagios. Ello generó críticas entre pasajeros por los controles que consideraron insuficientes.
Luego, a partir del 10 de marzo, el Gobierno dispuso la entrega de un formulario a quienes arribaran de países con brote de coronavirus, para dar seguimiento a sus casos con visitas aleatorias y control por algún posible brote.
Finalmente, el 16 de marzo se suspendieron los arribos internacionales de pasajeros y el 17 la medida abarcó a los vuelos nacionales.
Cambio en Ministerio de Salud: Falta de presupuesto para la emergencia estuvo en debate
Declarada la emergencia sanitaria en Ecuador, Catalina Andramuño, ministra de Salud desde julio del 2019, aseguraba en sus apariciones televisadas que había los suficientes recursos para atender la crisis y que la cartera cumplía con los protocolos establecidos para hacerle frente a la pandemia.
Desde el principio, la ciudadanía cuestionó, por ejemplo, acciones como la de anunciar el caso cuando ya estaba confirmado y no mientras hubo la sospecha, a fin de evitar el contacto con el caso primario.
Después de anunciar que en provincias como Guayas el contagio con COVID-19 pasó a ser comunitario (es decir, se transmite de persona a persona), Andramuño renunció al cargo el 21 de marzo.
La exfuncionaria lamentó que durante la crisis “los postulados técnicos y médicos para enfrentarlo no encontraron eco en muchas instancias del Gobierno”.
Habló de una imposición de funcionarios con falta de conocimiento en salud pública y, contrario a su discurso inicial, dijo que no había recursos.
La reemplazó Juan Carlos Zevallos, quien se desempeñaba como decano de Medicina de la Universidad de Las Américas. Él repite que se cuenta con los recursos para enfrentar la emergencia, aunque las quejas siguen de médicos y pacientes.
Ayuda económica a grupos vulnerables: Casi un millón de personas con bono, pero hay riesgo en cobro
Ante la vigencia del toque de queda, miles de personas que trabajan sin relación de dependencia comenzaron a sufrir estragos por la restricción de continuar sus labores en las calles. El pasado 27 de marzo, el Gobierno Nacional emitió un decreto para la creación del Bono de Protección Familiar ante la emergencia.
Este dispone la entrega de $60 a personas con ingresos menores a $400; casi un millón se beneficiará.
Pero el cobro en los bancos se volvió en foco de contagio. Cientos hacen cola desde las madrugadas, sin la separación debida. Ayer, el Gobierno anunció que podrán cobrar en tiendas de barrio.
Desempeño laboral: La pandemia impuso la modalidad de teletrabajo
Desde el 17 de marzo rige a escala nacional la modalidad de teletrabajo para evitar la propagación del coronavirus. Empresas públicas y privadas acataron la disposición gubernamental.
Otro cambio que impuso la pandemia fue la suspensión de los trámites presenciales en entidades públicas y en compensación rige la vía online.
Las cédulas que estén expiradas o estén próximas a expirar tendrán validez por tres meses adicionales, contados a partir del 17 de marzo. Mientras durante la emergencia no se sancionará por conducir con licencia o matrícula caducada.
Los plazos judiciales y protocolos de las notarías también quedaron suspendidos, producto de la emergencia sanitaria nacional.
Vuelos humanitarios: Ecuatorianos cumplen aislamiento en hoteles; eso trajo quejas
Unos 5000 ecuatorianos quedaron varados en el exterior a raíz de que el Gobierno de Ecuador suspendió los vuelos internacionales para evitar la propagación de casos de coronavirus.
Ante la desesperación de padres que habían enviado a sus hijos a intercambios y adultos mayores que no alcanzaron a regresar, el Gobierno autorizó los primeros vuelos humanitarios.
Para ello fijó un protocolo con reglas que los ecuatorianos deben cumplir, como el hecho de hacer un aislamiento por 14 días en un hotel u hostal asignado por el Gobierno.
Eso trajo cuestionamientos de grupos de ecuatorianos que consideraban que esos vuelos no tenían carácter humanitario, debido a que el alojamiento y los costos de los pasajes debían pagarlos ellos mismos. Una familia incluso interpuso un habeas corpus para cumplir el aislamiento en su domicilio.
El Gobierno suspendió esos vuelos por unos días ante los contratiempos surgidos. Finalmente, el 12 de abril dispuso que se reanuden para los grupos vulnerables.
Desde que se estableció el Protocolo del 23 de marzo han retornado más de 1700 compatriotas al país en vuelos humanitarios, previamente coordinados y autorizados por el Gobierno. (I)