Militares y policías refuerzan desde ayer el control en las instalaciones del campamento de la Refinería del Pacífico, luego de que se reportó un conato de incendio que provocó daños en una vivienda.

El hecho se registró cerca de las 21:00 del domingo en el sector El Aromo, en Manta. Y ocurrió horas después de que la comunidad había realizado una protesta para mostrar su oposición a que ese lugar sea usado para el aislamiento de personas portadoras de coronavirus.

En el campamento hay 144 viviendas y el alcalde de Manta, Agustín Intriago, pidió, días atrás, al Gobierno que esas instalaciones se conviertan en una sala de atención para pacientes con COVID-19. El tema ya se había expuesto a los habitantes ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país.

“Estamos esperando el informe de Criminalística y los Bomberos porque en un principio daría a entender que sería provocado”, dijo Christian García, liquidador de la empresa Refinería del Pacífico.

Esa hipótesis se baraja debido a que no hay manipulación de gas, tampoco había instalaciones eléctricas funcionando.

Intriago lamentó que se produjeran estos desmanes en El Aromo y dijo que probablemente la población esté siendo manipulada. “Jamás haríamos algo que les perjudique, pero esto definitivamente corresponde a una manipulación”, dijo el alcalde, quien cree que hay intereses políticos de por medio.

El personero señaló que la propuesta de usar ese lugar ante la emergencia sanitaria responde al sentido común, por la necesidad de ampliar la capacidad hospitalaria y estar preparados para el peor de los escenarios.

José Delgado, presidente de la comunidad de El Aromo, dijo que conoció del hecho recién ayer en la mañana y que desconoce quién o quiénes estarían vinculados en dicho hecho.

Indicó que estuvieron la tarde del domingo en los exteriores del acceso a los terrenos de la refinería, pero que habrían sido desalojados con gases lacrimógenos.

“Ya les he dicho a los compañeros comuneros que ya esa es una decisión del Gobierno, pero me dicen que ahora me les he virado, y no es así”, indicó.

La secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, instó a la población a acatar y respetar la disposiciones de la autoridad en este estado de emergencia sanitaria, sobre todo para evitar salir en los tiempos de toque de queda. “Respeto al cumplimiento de las normas, de las medidas establecidas, no son en vano, nos permiten restringir la movilidad para evitar un contagio masivo. Necesitamos respetar la autoridad”, dijo Ocles.

Hernán Salcedo, concejal de Manta, indicó ayer que en el Concejo se prepara un manifiesto al Gobierno para implementar áreas de atención. Así, por ejemplo, indicó que la zona del complejo de la refinería serviría para llevar a pacientes con casos leves, mientras que las instalaciones que tenía el FOL de Estados Unidos en la Base Aérea servirían para albergar a quienes necesiten de cuidados intermedios por médicos y enfermeras. (I)

Azuay

Desde que el Gobierno decretó el toque de queda en la provincia del Azuay se ha detenido a 35 personas por incumplir esta disposición. A pesar del alto número de infractores, ninguno ha faltado de obra o palabra a las diferentes autoridades de control. Eduardo López, comandante encargado de Policía en Azuay, reconoció que a pesar de la desobediencia, la gente en lugar de tomar una actitud altanera o grosera ha agachado la cabeza, se disculpa y con nervios da algún tipo de justificación para evitar ser detenida.

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