Mientras, Hernán Reyes cree que el gobierno quiere permitir a los medios que actúen sin control.

Punto Noticias. Romel Jurado, jurista y analista político, considera que el proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación, del nuevo Ejecutivo, con la que pretende reemplazar a la Ley Orgánica de Comunicación actual, adolece de errores técnicos y conceptuales.

Una ley orgánica desarrolla los derechos que están establecidos en la Constitución. Esa es la condición básica que caracteriza a una ley orgánica sobre derechos y la propuesta de Lasso no contempla, no introduce todos los derechos de la comunicación, establecidos en la Constitución, sostiene.

Jurado insiste en que la propuesta del mandatario no establece con claridad el alcance de cada uno de los derechos, quiénes son los titulares de ese derecho, las obligaciones que son la contraparte del derecho, los responsables de cumplir las obligaciones y cuál la consecuencia jurídica de no hacerlo o de violar los derechos.

La propuesta de Lasso es un proyecto meramente enunciativo de principios, que pretende eliminar todos los derechos de la comunicación que contiene la normativa vigente, a saber: derechos de libertad de la comunicación; derechos económicos, sociales y culturales; derechos de participación ciudadana; derechos de solidaridad; y, derechos interculturales de la comunicación.

El experto alerta que Lasso quiere cambiar los derechos de la comunicación, que ya están consolidados, por un listado de enunciados, que ni siquiera son derechos, que los plantea como principios, que no son exigibles de cumplimiento. Si alguien viola esos principios, no pasa nada, apunta.

Mientras tanto, Hernán Reyes, exconsejero del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación (Cordicom), deplora que el proyecto del gobierno de Lasso pone énfasis absoluto en la figura de la autorregulación, cuyo objetivo es que los medios hagan lo que a bien tengan, sin el control de ninguna institución.

Cuestionó que los medios de comunicación, especialmente los más poderosos y con más audiencias, permanentemente y de manera sistemática, deciden por sí y para sí, afectando el ejercicio real de los derechos de acceso a una información veraz, plural, contrastada, en el caso de la información periodística.

En el caso de contenidos no informativos, la ciudadanía tiene que consumir, porque no hay otras alternativas, contenidos que discriminan, violentos, que no aportan en términos formativos, educativos, culturales.

A criterio de Reyes, Lasso pretendería con su proyecto dividir la actual Ley Orgánica de Comunicación, en dos; una que no tendría carácter de orgánico, denominada de libertad de expresión y comunicación, y otra que aborde temas como publicidad, producción audiovisual y distribución de frecuencias.

No comparte que, de nuevo, se separen dos ámbitos que la actual norma los juntó, porque están íntimamente relacionados. El tema de políticas públicas, por ejemplo, en el caso de redistribución de frecuencias, y el tema de la democratización de la comunicación, en relación con el acceso de la ciudadanía a un escenario mediático más diversificado, donde estén no solamente los medios privados gobernando y reinando, sino también medios comunitarios y medios públicos, que, fruto de un proceso de los últimos cuatro años, sobre todo los medios públicos, han desaparecido, lamentó.