Mendoza y otros procesados confirmaron presuntos pagos a asambleísta del BADI, así como el supuesto conocimiento de la ministra María Paula Romo sobre el «reparto» en la Asamblea

Punto Noticias. El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, fijó para el próximo 9 de noviembre la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra del exasambleísta Daniel Mendoza y otras 18 personas por el presunto delito de delincuencia organizada en la construcción del Hospital de Pedernales.

El proceso inició con la detención de Jean Carlos Benavides, asesor de Mendoza, en mayo pasado. Para junio, el exasambleísta morenista fue vinculado y cumple, desde entonces, una prisión preventiva por presunta delincuencia organizada. La instrucción fiscal de 120 días culminó a inicios de octubre.

En la investigación apareció un audio entre Mendoza y el exasambleísta Eliseo Azuero, prófugo de la justicia, en el que hablan de un supuesto “reparto” al interior del Legislativo. Posteriormente, Azuero también fue vinculado al proceso, así como otras 17 personas como el director del Servicio de Contratación de Obras (SECOB), René Tamayo, el titular del Consorcio Pedernales-Manabí, José Véliz, entre otros.

En su testimonio anticipado, Mendoza aseguró que Azuero sí habría manejado el dinero de coimas para la construcción del Hospital de Bahía de Caráquez.

Además, insistió que SECOB se entregó a Eliseo Azuero, en representación del Bloque de Integración Nacional Independiente (BADI), y que él le pidió ayuda “para poder efectivizar lo que el contratista le estaba entregando por concepto de pago de coima para él y los integrantes de su bancada legislativa”.

Benavides, por su parte, indicó que sí hubo un “reparto” de cuotas políticas y todas “fueron aprobadas por María Paula Romo”, ministra de Gobierno. Explicó que el dinero que encontró la Policía durante el allanamiento a su domicilio, “se gestionó a través de cuotas políticas de mi exjefe, por medio de recaudaciones. A él le dieron la Dirección Regional de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en Manabí, que comprendía: El Carmen, Portoviejo y Manta, entonces ese dinero fue recaudado a través de La emisión de licencias”, mencionó.

Franklin Calderón, mano derecha de Mendoza y también vinculado al caso, reveló en su testimonio anticipado que habría entregado $360.000 a los legisladores a Raúl Tello, Washington Paredes, María Mercedes Cuesta y Franco Romero.