Medios comunitarios, artistas y músicos aseguran que fueron perjudicados, a un año de vigencia de las reformas

Los Periodistas

La Ley Orgánica de Comunicación entró en vigencia el 25 de junio de 2013, por mandato de la Constitución de 2008, aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano.

En la ley se estableció la creación de la Superintendencia de la Información y Comunicación, SUPERCOM, organismo técnico encargado de vigilar el cumplimiento de este cuerpo legal.

El primero y único Superintendente titular fue Carlos Ochoa, quien se posesionó el 15 de octubre 2013 y permaneció en el cargo hasta el 07 de marzo de 2018, tras ser destituido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.

Durante su gestión, la SUPERCOM abrió 1.188 procesos administrativos en contra de medios de comunicación, de los cuales 706 terminaron en sanción, y de estos 428 fueron pecuniarios, es decir se sancionaron con multas.

Las sanciones económicas alcanzaron USD 2.983.995 y de estos se llegaron a cobrar USD 879.187, mientras USD 2.107.787 quedaron en procesos de coactiva, en manos de la Contraloría General del Estado.

Tras la llegada al poder, el 24 de mayo de 2017, el presidente Lenín Moreno expresó no estar de acuerdo con las sanciones establecidas en la ley y con mantener a la SUPERCOM.

El 11 de julio de 2017 el Gobierno abrió mesas de diálogos con diferentes sectores para discutir varios temas, entre ellos el de la Ley Orgánica de Comunicación.

Los diálogos se realizaron en Quito, Guayaquil, Portoviejo, Ambato, Ibarra, Loja y Tena, y se invitó a periodistas, propietarios de medios de comunicación, productores nacionales, músicos, publicistas, facultades de comunicación y estudiantes, además de delegados de la Secretaría Nacional de Comunicación, SUPERCOM, CORDICOM Y ARCOTEL.

En ninguna de estas mesas los participantes plantearon la eliminación de las sanciones previstas en la ley y la desaparición de la Superintendencia de Comunicación.

Por el contrario, hubo sectores, como los músicos nacionales, que pidieron que se controle más estrictamente el cumplimiento del denominado uno por uno, referente a la difusión del 50% de música producida en Ecuador, en las emisoras.

Los resultados de las mesas de diálogo, que demandaron gastos por pasajes, viáticos de funcionarios por el desplazamiento a provincias y recursos logísticos, quedaron solo en el papel.

El futuro de la Ley de Comunicación fue marcado por los dueños de los grandes medios de comunicación, en una reunión que mantuvieron con el Jefe de Estado, el 12 de julio 2017, Carondelet.

A la cita acudieron Diego Oquendo, de Radio Visión; Gonzalo Rosero, de Radio Democracia, Sebastián Corral de Teleamazonas; y Carlos Mantilla, de Diario El Comercio, entre otros.

A partir de ese encuentro, el Ejecutivo preparó un proyecto de reformas, que fue remitido a la Asamblea Nacional, el 18 de mayo de 2018, y que como temas centrales incluyó la eliminación de la SUPERCOM y las sanciones.

Las reformas entraron en vigencia el 20 de febrero de 2019. Además de la eliminación de la SUPERCOM y de las sanciones administrativas, se derogaron el linchamiento mediático, las normas y códigos deontológicos, la equidad de los medios en el tratamiento de temas judiciales y la disculpa pública por parte de los medios por difusión de contenidos discriminatorios.

A quiénes beneficiaron las reformas? La transitoria Quinta estableció que “las sanciones impuestas que no se hayan cancelado parcial o totalmente, a la promulgación de esta reforma, se extinguirán, concluyendo los procesos en trámite, tanto en la vía administrativa, como en la vía judicial”. Es decir, se perdonaron más de USD 2 millones de dólares en multas a los medios de comunicación.

Mientras, la Transitoria Octava, permitió la renovación de 210 frecuencias de radio y televisión, por 15 años.

Pese a esto, para los medios de comunicación y periodistas, las reformas no fueron suficientes. Luis Eduardo Vivanco, cofundador de la Posta, reconoce que ha sido un avance importante, pero sostiene que lo adecuado era que se elimine Ley Orgánica de Comunicación.

Respecto a la Distribución equitativa de frecuencias, el artículo 106 otorgaba el 34% para operación de medios comunitarios, el 33% para públicos y el 33% restante para medios privados. Con La reforma, se incrementó al 56% para el sector privado y se redujo al 10% para públicos.

Además, se prohibió la competencia por una misma frecuencia entre privados y comunitarios, lo que a criterio de Jorge Guachamín, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, afecta a la democratización del espectro radioeléctrico.

Los artistas y productores nacionales consideran que estos sectores se vieron afectados con las reformas a la Ley de Comunicación, al haberse eliminado las sanciones y al organismo de control que, de oficio, se encargaba de verificar el cumplimiento de la ley.

David Hinojosa, de la agrupación musical La Vagancia, calcula que actualmente las emisoras difunden apenas un 15% de música hecha en el Ecuador, a pesar de que la ley establece el 50%. Esto afecta a la promoción de los artistas nacionales y al pago de derechos de autor por la difusión de sus obras, señala el artista.

Tras la eliminación de la Supercom, se estableció que las posibles trasgresiones a la Ley de Comunicación pasen a conocimiento de la Defensoría del Pueblo, lo que dilata una respuesta oportuna a los ciudadanos.

La Defensoría del Pueblo no cuenta con los recursos ni personal especializado en comunicación para atender un requerimiento en esa materia.

En cambio, el organismo de control eliminado otorgaba una acción inmediata a las personas que se consideraban afectadas. Ahora, los ciudadanos deben contratar a un abogado particular para agilitar un reclamo ante un medio de comunicación.

Para los medios de comunicación, las reformas fueron un avance para la libertad de expresión, mientras que productores, músicos y medios comunitarios, creen que fue un retroceso.