Antes y después de que entre en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), el 10 de agosto pasado, la Comisión de Justicia de la Asamblea ha recibido propuestas de cambios a este cuerpo legal.

Las dos primeras fueron remitidas como proyectos de ley reformatoria y sobre dos aspectos puntuales: propiedad intelectual, del presidente Rafael Correa, y violencia intrafamiliar, del asambleísta Paco Fierro (SP). Una tercera que fue calificada como un “aporte ciudadano” corresponde al exvocal del Consejo de la Judicatura de Transición, Fernando Yávar.

Correa propone agregar en el articulado la tipificación del delito de falsificación de marcas y piratería lesiva a los derechos de autor e imponer una multa de $ 500 a $ 500.000 por falsificar marcas a escala comercial y de $ 500 a $ 200.000 por la piratería lesiva de derechos de autor a escala comercial y, en el caso de la persona jurídica, el cierre del establecimiento.

Fierro sugiere que la violencia psicológica contra la mujer no sea considerada como delito, sino como contravención. El asambleísta explica que esto permitiría agilizar el procedimiento, pues si permanece como “delito” se vuelve necesaria la intervención de un fiscal y se sujeta a los plazos en los que una investigación previa podría superar el año.

El miércoles pasado, Yávar presentó 42 páginas de reformas al Código para “corregir los errores y llenar los vacíos”.

Los objetivos de las propuestas del exfuncionario son garantizar el escrutinio ciudadano a la administración de justicia mediante la cobertura regulada de las audiencias por parte de los medios, racionalizar los elementos de la teoría del delito para evitar injusticias contra los ciudadanos, mejorar la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas para evitar abusos y perjuicios a socios y terceros de buena fe.

Además, reformar ciertos delitos para brindar seguridad jurídica al empresariado, incluir nuevos delitos que protejan la dignidad humana y, el último, reinstaurar el sistema de juicios por jurados en el Ecuador.

Miguel Moreta (CREO), integrante de la Comisión de Justicia que también prepara un proyecto de reformas al COIP, sostiene que las decenas de propuestas que han llegado sugieren que la normativa no es una herramienta jurídica eficiente, que tiene definiciones ambiguas y genera confusión en ciertos procedimientos.

“Tal como está redactado el Código se presta para promover la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia y, en otros casos, parece que está destinado a perseguir a profesionales, productores y ahora habría que añadir a ciudadanos inconformes en una protesta social”, dijo Moreta.

Gina Godoy (AP), vicepresidenta de la Comisión, expresó que la oposición se pone en contra porque ese es “su principio y fin”, que Yávar hace propuestas sobre cosas nuevas y que la reforma de Correa es una omisión de la Asamblea.

Trámite

LEGISLATIVO

Petición

La Comisión de Justicia remitió al Consejo de Administración Legislativa (CAL) una solicitud para juntar los proyectos presentados por el mandatario Rafael Correa y el asambleísta Paco Fierro.

Evaluación

Gina Godoy (AP) dijo que reunió a legisladores de once provincias del país, quienes firmaron un compromiso para evaluar la implementación del Código Penal en temas de violencia intrafamiliar.