Maritza Sánchez, jueza de la provincia del Guayas, aceptó a trámite el pedido de medida cautelar que planteó la Defensoría del Pueblo contra la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) de Guayas y Los Ríos.

De esta forma se dejó sin efecto las facturas que fueron sujetas a reclamo por parte de los abonados y que estén en conocimiento de la empresa. Además, “que se abstengan de suspender el servicio de energía eléctrica a los usuarios de ambas provincias hasta que se resuelvan los reclamos presentados por las planillas emitidas en los meses de abril, mayo y junio del 2020”.

La Defensoría argumentó en su petición que “de no mediar la intervención de la justicia constitucional a efectos que se garantice la no privación del servicio mientras se atienden las reclamaciones presentadas ante CNEL-EP (…) por parte de usuarios con reclamos por la facturación durante el estado de emergencia, se permitirá el corte y la afectación a varios derechos vinculados con la provisión del servicio. Se deberá pensar en la conexión a internet que se vería impedida por la ausencia de electricidad y los niños que se verán imposibilitados de acceder a educación así también en equipos e insumos médicos que pudieran estar usando personas con necesidad de nebulizaciones y equipos electrónicos de salud; es decir, se consumarían afectaciones a una vida digna garantizado en el artículo 66 numeral de la Constitución de la República”.

En la providencia se señala que la medida cautelar se dictó “con carácter de provisional hasta que se disponga lo contrario o exista un pronunciamiento en firme por parte de CNEL-EP, asimismo no constituye un prejuzgamiento ni declaratoria de un derecho, ni tienen carácter indefinido”.