Luego de escuchar al director del Consejo de la Judicatura (CJ), Pedro Crespo, y a integrantes de la Veeduría Ciudadana del Concurso público de selección y designación de 16 jueces para la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió, la noche del miércoles último, instar al CJ a que «considere declarar la nulidad parcial o total del concurso».

Al momento los 95 postulantes que siguen en carrera se encuentran en la Fase de Oposición del proceso. El sábado último, el CJ hizo públicos los resultados de los puntajes obtenidos en la Fase de Méritos por 100 concursantes, en los que se incluyeron el de los cinco profesionales que decidieron renunciar a su postulación para conformar una de las cinco salas especializadas de la CNJ.

Entre la tarde y noche del miércoles último, ante el Pleno del CPCC asistieron los miembros de la Veeduría Ciudadana para informar sus observaciones realizadas hasta el momento al concurso. Con base en esos informes, el CPCCS resolvió instar al CJ a considerar la nulidad parcial o total del concurso.

Mediante un comunicado, el Consejo de Participación dio a conocer que su presidenta, Sofía Almeida, sostiene no solo que se necesita «tener una designación de jueces transparente”, sino también que este es un «tema muy importante para la lucha contra la corrupción, pues todo lo que realizan las entidades de control termina en la justicia».

Durante la comparecencia, la coordinadora de la Veeduría, Johanna Maldonado, habría señalado que, conforme las observaciones con las que concuerdan la mayoría de los veedores, existen serias observaciones al sistema informático, en el reglamento se evidencia que existe mejor calificación para las personas que provienen de la Función Judicial, existe demora en la entrega de información por parte del CJ, así como una tardía convocatoria para que los veedores constaten el avance de las diferentes etapas del proceso.

Pese a lo indicado, el comunicado del CPCCS apunta que Maldonado habría referido que no consideran su competencia legal el señalamiento de nulidad del concurso.

Por pedido del consejero David Rosero se habría aprobado instar al CJ a que, en uso de sus facultades y con base en los informes de la Veeduría Ciudadana, considere aplicar el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial, que habla de la presencia de irregularidades de los concursos.

La normativa referida explica que “si en las diferentes fases del proceso de los concursos se advirtiese alguna anomalía importante, que lo afecte de nulidad insanable, se rehará el procedimiento, total o parcialmente, por resolución de quien dirige el respectivo concurso».

Ivonne Núñez Figueroa, actual jueza y una de las profesionales que desistió de seguir en el concurso, señala que lo más «prudente y saludable», una vez que las mismas autoridades del CJ han reconocido errores, es que el concurso se detenga, se reinicie y así el proceso goce de los estándares internacionales de transparencia y publicidad. De no hacerlo, asegura, el CJ se va a deslegitimar como institución y ese es un hecho muy preocupante.

En «aras de la transparencia», el Pleno del CPCCS habría resuelto además solicitar a la Contraloría General realice un examen especial al sistema informático del concurso para la designación de jueces de la CNJ.

Hasta el momento no ha existido un pronunciamiento oficial al respecto del tema desde el Consejo de la Judicatura. (I)