Luego de cuatro días de audiencia de apelación a la sentencia emitida en el caso Sobornos 2012-2016, en los que se escucharon las intervenciones de 20 procesados por el delito de cohecho agravado, de la fiscal general, Diana Salazar, y del procurador del Estado, Íñigo Salvador, la diligencia se suspendió este jueves en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Luego de cinco horas ininterrumpidas de contrarréplicas de los acusados, el presidente del Tribunal de Apelación, David Jacho, junto a los jueces Wilman Terán y Dilza Muñoz, entraron a un periodo de deliberación antes de dar a conocer si aceptan las apelaciones o confirman la sentencia de primera instancia.

El miércoles pasado, la fiscal Salazar -en más de cuatro horas de réplica- detalló los argumentos que entregó al Tribunal de Juicio para que este llegue al «convencimiento» de que todos los sentenciados cometieron el delito de cohecho agravado. No solo pidió al Tribunal que se desechen las nulidades planteadas, sino que ratifique la sentencia inicial para 18 de ellos y que se analice una reducción en la pena de hasta el 90 % para las cooperadoras eficaces Laura Terán y Pamela Martínez.

Salazar dijo que ninguno de los apelantes desvirtuó el fallo de ocho años de cárcel que se les impuso en abril pasado a diez empresarios y a ocho exfuncionarios públicos, entre quienes está el expresidente Rafael Correa. De este último, la fiscal indicó que se probó que él tuvo el dominio de los hechos delictivos y daba instrucciones a funcionarios que estaban bajo su mando.

Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de Correa, en su contrarréplica rechazó las intervenciones de Fiscalía y Procuraduría e indicó que estas se convirtieron en una «maquinaria de demolición de la teoría del delito, de la teoría de la participación y de la teoría de la prueba». Insistió en que la sentencia rompió el principio de congruencia y se dejó en indefensión al exmandatario.

El procurador Salvador cree que las pruebas presentadas en audiencia no solo demostraron la culpabilidad de todos los sentenciados, sino también que los exfuncionarios incumplieron con la obligación de proteger la administración pública. Pidió que se desestimen los recursos y explicó que debe clarificarse la forma en la que deben pagar los sentenciados su parte de indemnización total ordenada, la cual llega a $14,7 millones.

El abogado del empresario Édgar Salas, Eduardo León, está convencido de que habrá más de un procesado que será declarado inocente, si el Tribunal valora adecuadamente la prueba y los argumentos presentados. Dice que el caso es político, pero considera que no por ello los jueces deben tomar una decisión en contra del debido proceso.

El Tribunal de Apelación no adelantó la fecha en la que convocará para reinstalar la audiencia y solo refirió que todos serán notificados mediante una providencia. Patricio Acosta, parte de la defensa del empresario Alberto Hidalgo, piensa que debería ser un tiempo prudencial el que se tome el Tribunal, pues varios de los sentenciados pidieron se analice la situación de ciertas pruebas no valoradas de forma justa por el Tribunal de primer nivel. (I)