Luego de casi siete meses de concurso público para llenar las vacantes para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el Consejo de la Judicatura (CJ) confirmó en una sesión ordinaria del Pleno, dada la tarde de este jueves, los nombres de los once profesionales que culminaron el proceso y ocuparán los cargos disponibles en las Salas Especializadas de lo Penal, Administrativo, Tributario y Laboral.

Fabián Racines y Milton Velásquez ocuparan cargos en la Sala de lo Administrativo; Gilda Morales irá a la Sala de lo Tributario; Mercedes Caicedo, Felipe Córdova, Byron Guillén, Walter Macías, Luis Antonio Rivera y Luis Adrián Rojas llenarán las vacantes en la Sala Penal y Afines; y finalmente Alejandro Arteaga y Enma Tapia irán a ocupar las vacante en la Sala de lo Laboral.

Velásquez, Arteaga y Tapia estarán en su cargo como jueces de Corte Nacional por un período de nueve años; Morales y Córdova serán jueces por un tiempo de seis años; mientras que Racines, Guillén, Macías y Rivera estarán en el cargo de jueces por tres años. Luis Adrián Rojas y Mercedes Caicedo fueron nombrados como conjueces para la Sala Penal por un periodo de seis años

Al no existir aspirantes que consiguieran las notas mínimas para aprobar el proceso de selección para la Sala Civil y Afines, la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado anunció que se convocará en el menor tiempo posible a un nuevo concurso para llenar las tres vacantes existentes en el área de lo Civil y otras que quedan en el área de lo Administrativo y Tributario, salas que están incompletas.

En lo relacionado al puesto que le corresponde a Gilda Morales el periodo de seis años para el que fue escogida podría variar dependiendo de lo que resuelva la Corte Constitucional en la acción de protección que está en sus manos. De todas formas, se aclara en una de las tres disposiciones generales de la resolución aprobada por el CJ que dicho período no podrá ser inferior a los seis años.

Un total de 16 vacantes eran las que existían en la Corte Nacional, luego de que varios jueces dejaron su cargo debido al haber cumplido sus períodos y como parte de la tercera renovación parcial de la CNJ, por ejemplo Paulina Aguirre, ahora ex presidenta de la CNJ, y además las vacantes que quedaron luego de que el CJ realizó una evaluación en el 2019 y varios jueces no aprobaron la misma.

Quienes fueron designados no recibieron impugnación ciudadana alguna dentro del proceso y superaron los 80 puntos sobre 100 que como mínimo debía obtener un postulante al sumar las calificaciones obtenidas en las Fase de Méritos y Oposición (prueba teórica y Práctica).

Maldonado defendió la transparencia del concurso asegurando que el mismo no pertenece, ni ha pertenecido a ningún grupo político o económico. Dijo que el CJ que dirige está rescatando a la justicia de intereses político y económicos y aseguró que han llevado el proceso de selección sin que hasta el momento se haya denunciado una irregularidad en concreto.

«Emplazamos a aquellos que se atrevieron a empañar este proceso a que pongan las denuncias respectivas ante las autoridades competentes, que hasta el día de hoy no las tenemos. (…) Hemos cumplido el mandato constitucional a pesar de aquellas voces contrarias, que quizá respondiendo a intereses distintos a los del país, se han permitido hacer aseveraciones con poco fundamento», acaró Maldonado.

Washington Barragán, coordinador de la Veeduría Ciudadana que vigilaba el concurso, fue tajante en decir que la mayoría de la veeduría jamás ha encontrado una «circunstancia de nulidad insanable» en el proceso, como se habría referido desde ciertos sectores, que, cree, quizá habrían querido boicotear el concurso por «intereses políticos».

«Nosotros debemos mostrar un grado muy aceptable de conformidad con el proceso que ha tenido este concurso y en nuestro informe, so pena que haremos algunas recomendaciones, debo decir que avalaremos en su mayoría todo lo que se ha hecho para llegar a la designación de jueces y conjueces», apunto Barragán, quien al tiempo informó que en 15 días entregará un informe sobre el proceso vigilado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El miércoles 3 de febrero próximo se realizará en la CNJ la posesión de los jueces y conjueces que aprobaron este proceso de selección, que según el director general del CJ, Pedro Crespo, contó con un presupuesto de $ 228.500, cifra que dijo el funcionario es menor al $ 1.2 millones que se gastaron en el concurso anterior del 2017. (I)