En Guayaquil, el alto costo del tratamiento del coronavirus se suma al dolor de los afectados
Lourdes Rosales agonizó durante un mes en una clínica privada de Guayaquil, en los días en que fue el centro de la pandemia en Ecuador. Contrajo el nuevo coronavirus pero no pudo tratarse en el saturado sistema público de sanidad. Detrás de su muerte asoma la ruina para su familia.
En el tiempo que Lourdes estuvo luchando, la cuenta trepó hasta los 51 000 dólares. Finalmente, falleció el 21 de abril.
Cuando su hijo Gustavo Ycaza, universitario y empleado bancario de 26 años, quiso retirar el cuerpo recibió una respuesta indolente.
«Me dijeron que hasta que no pague la cuenta no me darían el cuerpo de mi madre. Imagine, después de tanto dolor, que te digan eso», cuenta a la AFP.
Ycaza, soporte de una familia de cuatro miembros, ya había exprimido sus tarjetas de crédito y acudido a allegados para que su madre siguiera recibiendo atención. Logró cubrir 21 500 dólares.
Y aunque el esfuerzo fue en vano debió endeudarse todavía más. Firmó un pagaré por 29 000 dólares con vencimiento en septiembre para llevarse el cadáver. «No sé de dónde sacar plata porque el sueldo que ingresa va para pagar tarjetas reventadas», dice.
La Defensoría del Pueblo en Guayas recibió en tanto cinco llamados de auxilio de pacientes que fueron retenidos en clínicas.
«La única manera para privar la libertad a alguien por deuda es por pensión alimenticia y con orden judicial. En todos los casos, las clínicas han acatado porque les advertimos que podemos interponer un recurso de hábeas corpus», señala Mirelli Icaza, delegada del organismo.
Al final los enfermos han salido firmando pagarés. «Sé que hay más casos y parece una práctica generalizada», añade la funcionaria, sin parentesco con Gustavo.
Lourdes, una chef de 58 años, terminó por azar en un servicio privado de sanidad. Sufrió un ahogamiento súbito en casa y fue ingresada de urgencia a la clínica más próxima.
Fue diagnosticada con COVID-19. Tres días después las casas públicas de salud colapsaron, así «que sacarla (de ahí) tampoco era una opción», dice su hijo.
Una ciudad en emergencia inédita
Guayaquil, con 2,7 millones de habitantes, sufrió como pocas ciudades en Latinoamérica con los primeros embates de la pandemia.
Los sistemas sanitario y mortuorio reventaron tras detectarse el primer contagio, el 29 de febrero.
Las viviendas se convirtieron en morgues. La crisis sanitaria se agudizó en Guayas y en abril se registró un pico diario de más de 700 fallecimientos, la mayoría en Guayauil, según la estadística oficial.
Las autoridades no han discriminado cuántos son consecuencia de COVID-19 y aunque la cifra de óbitos se redujo a una media de 85 por día, Guayaquil aún no da por superada la emergencia.
Y las secuelas económicas pueden durar largo tiempo, mientras los contagios en todo el país se aproximan a los 34 000, con casi 2800 muertos, y otras 1700 probables víctimas letales del nuevo coronavirus.
Ycaza es un reflejo de ello. Para hacer frente a las deudas, organizó una campaña de donaciones por internet con la que reunió 4400 dólares.
Sin empleo y con deudas
Un día de hospitalización en un centro privado ronda entre 400 y 800 dólares, mientras un salario básico mensual es de 400 dólares. En cuidados intensivos, adonde llegan muchos pacientes de COVID-19, la internación cuesta entre 1500 y 2500 dólares.
Belén Castro corrió mejor suerte que Ycaza. Su padre y hermana sobrevivieron al contagio, pero esta comunicadora de 31 años quedó con una deuda de 12 000 dólares, con un agravante: perdió su empleo en el servicio de aduanas.
Para salvar a su padre, un jubilado de 69 años, acudió a la atención privada tras esperar infructuosamente por una cama en un hospital público.
Belén Castro habla con su padre a través de una video llamada en su casa el 4 de mayo. (AFP)
Después de que Carlos fuera llevado a una clínica exclusiva de Guayaquil, Eunices, su hermana de 39 años, también cayó enferma. «Improvisamos un hospital dentro de la casa, con oxígeno», relata Castro.
Mientras tanto, se disparaban los costos en la clínica. «El doctor nos dijo que mi papá no debería recibir el alta, pero consideró que nos lo llevemos porque los gastos se estaban haciendo impagables», recuerda.
El médico Roberto Gilbert, propietario de la clínica privada Guayaquil -ajena a las historias aquí narradas- sostiene que el COVID-19 es una enfermedad de alto costo: «El oxígeno es caro, la hora del respirador (mecánico) es cara, la hora de personal es cara. Atienden enfermeras especializadas y médicos intensivistas».
Ycaza, entretanto, ve con desesperación el futuro. «No sé qué hacer (…) Jamás imaginé que la enfermedad de mi madre iba a durar tanto y sería tan costosa». (I)
