Los tres paquetes de tallarines que iban a entregarse a las siete mil familias en riesgo por la emergencia sanitaria del COVID-19 eran especiales y no tenían gluten porque se necesitaba evitar que las personas alérgicas tengan complicaciones de salud.

Esa fue una de las justificaciones que dio Alexandra Ocles, exsecretaria del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, a la que asistió para responder la inquietud de los legisladores de Alianza PAIS, Karina Arteaga y Fausto Terán.

Este último aseguró que habría un sobreprecio de $70 en la compra de los 7 mil kits a un costo de $ 1 055 740.

Frente a la pregunta de Artega respecto a que si los productos de la canasta era importados, Ocles aclaró que eran nacionales pero que los necesitaban con tipo de valoración calórica para las familias; por ejemplo, dijo los tres paquetes de tallarín eran especiales porque no tenía gluten para evitar alergias.

En su explicación la exfuncionaria señaló que a la entidad a su cargo le correspondía minimizar el riesgo de las familias porque en ese momento están en situación de vulnerabilidad, y que la norma internacional pide tomar todas las precauciones para la elaboración de un kit, que no es el común y corriente.

Aclaró que los kits que se pretendía entregar era de asistencia humanitaria y no de asistencia alimentaria, pues los primeros contienen alimentos para quince días para cuatro personas; y el segundo es para no más de cuatro días. Y se debe cumplir condiciones distintas.

Que el valor más barato en ese momento era de $150, que contenía 56 productos con un peso 33 kilos, que no era “una fundita ni un cartoncito; yo no puedo dar menos que eso, no me lo permite la norma; no era un kit de donación, ni caridad, ni kit de asistencia alimentaria, sino un kit de asistencia humanitaria, que cumple condiciones absolutamente distintas”, insistió.

Terán preguntó a Ocles sobre los estudios que hizo para determinar que las familias beneficiarias eran alérgicas cuando sabemos, dijo el asambleísta, que el producto en el país se consume de manera general.

También pidió los estudios de mercado sobre los valores de los productos pues reveló que él tiene un negocio dedicado a la venta de abarrotes de primera necesidad y que que ha sacado cuentas y valores y “no se acercan a los $80; es decir, $70 de sobreprecio”. Que tampoco se justifican $70 para el transporte y embalaje porque bien se podía haber utilizado los vehículos militares para la entrega de los productos.

La Comisión de Fiscalización comenzó a investigar la denuncia sobre presuntas irregularidades en la adquisición de alimentos por parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos.

La exfuncionaria aclaró que el contrato de compra de kits alimenticios no se ha ejecutado, que nunca se pagó y que tampoco la institución recibió ni un solo producto. Que la contratación se dio por emergencia y que se siguieron todos los pasos y se respetó la Ley de Contratación Pública, que bien pudo hacer una contratación directa, pero que no usó esa herramienta.

Ocles manifestó que su participación en el proceso de contratación fue la revisión de los documentos habilitantes, firmar las resoluciones y del contrato, pero que toda la parte técnica estuvo en manos del equipo técnico y el administrativo; “eso no me corresponde, no es de mi competencia directa; yo estaba concentrada al cien por ciento en las actividades del COE Nacional sobre la coordinación en territorio”.

Aclaró que ella no se encargó de valorar a los oferentes, pero que supo que fueron dos: la empresa IDEAL y el señor Fultón Antonio Camacho. «Entiendo que se escogió la oferta más barata que era del señor Camacho».

Que se debe recordar que las condiciones en el momento de la contratación eran las más complejas, eran los días de los picos más altos, las empresas no estaban trabajando, muchos de los precios y valores de los productos de primera necesidad subieron estrepitosamente; sin embargo, se pudo conseguir esas ofertas; y que todo eso estuvo el equipo técnico y volvió a insistir que no tuvo participación directa.

La exfuncionaria, que enfrenta una indagación en la Fiscalía General, indicó que el Ministerio de Finanzas nunca hizo el desembolso; y lo que se observó en redes sociales son productos que quedaron de una compra anterior que sirvieron para ayudar y solventar la necesidad de familias en Pastaza y en Quito.

Ocles se quejó de un linchiamiento mediático que ha sido objeto y dijo que eso ha generado una situación compleja en su entorno familiar. Y que tiene su conciencia tranquila. (I)