Los procesados dentro del caso por delincuencia organizada Danny C. y Pablo C. solicitan se revoque la orden de prisión preventiva que pesa sobre ambos y la audiencia se dará mañana viernes 21 de agosto en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Edwin Romero, defensa de Danny C., exmiembro de la Comisión Técnica que analizó si era viable o no entregar la obra de construcción al Consorcio Pedernales-Manabí, critica que su cliente se encuentre con orden de prisión cuando fue la persona que alertó que no se podía contratar al Consorcio al que finalmente se le adjudicó la obra.

Por el delito de delincuencia organizada son procesados hasta el momento 19 personas, entre quienes está, el exlegislador por Manabí Daniel Mendoza, el asambleísta Eliseo Azuero, o el exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob), René Tamayo.

La tarde del miércoles último, Danny C. llegó a la Fiscalía General, en Quito, para ampliar la versión que inicialmente entregó. Según Romero, él ha puesto en consideración del fiscal Xavier Rosero que existen informes que fueron presentados a la presidenta de la Comisión Técnica que señalaban que el Consorcio Pedernales-Manabí no cumplía con los índices financieros, sin embargo el resto de los integrantes de la comisión hicieron caso omiso y adjudicaron este contrato por más de $ 16 millones.

«Existe un informe que ha sido recibido por la misma presidenta de la Comisión Técnica en la cual Danny C. pone en consideración, antes de la suscripción del contrato, que después de la revisión de los documentos presentados por el oferente se informa que no cumple con el patrimonio requerido y detallado en el pliego que es $ 2’628 803, del Consorcio Pedernales Manabí», explicó Romero.

El abogado de Danny C. aseguró que en la versión se proporcionaron nombres y apellidos de personas externas, inclusive personas del Secob, que habrían tenido influencia sobre quienes conformaban la Comisión Técnica. A decir de Romero, la Fiscalía decidirá si los vincula o no en base a la información fidedigna entregada.

Para Romero, poco a poco estaría saliendo la verdad en este caso. Dice que es parte del expediente de instrucción fiscal nombres de asambleístas, de personas que recomendaron dentro de la Asamblea para que sean puestos en lugares estratégicos del Secob para que puedan realizar estos actos «de carácter criminal».

«Ya en los días posteriores la Fiscalía se pronunciara qué señores asambleístas se encuentran involucrados y quiénes recomendaron en este sentido a la máxima autoridad del Secob para que sean ubicados en puestos estratégicos para que puedan realizar estos actos criminales y delincuenciales, es decir, para apropiarse de dineros de los ecuatorianos que tienen que ser recuperados», concluyó Romero.

Respecto al tema de asambleístas nombrados por diversos actores procesados en esta causa, hasta hoy jueves tiene la Asamblea Nacional para enviar a la Fiscalía copia certificada de la documentación de los legisladores: Daniel Mendoza, Eliseo Azuero, Franco Romero, Fredy Alarcón, Washington Paredes, Rosa Verdezoto, Raúl Tello, María Mercedes Cuesta y Fernando Burbano. (I)