Los operadores de justica y los funcionarios son investigados en los ámbitos judicial y administrativo. De ese grupo, siete magistrados salieron de la Función Judicial.

Punto Noticias.- El accionar de funcionarios judiciales y operadores de justicia está en la mira de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura. Se han realizado allanamientos, así como se ha dispuesto la suspensión de los cargos y hasta sumarios administrativos.

Según la Judicatura, en siete meses de este año, 36 funcionarios y operadores de justicia han sido destituidos de sus funciones. Mientras que, 28 jueces fueron sancionados con amonestaciones o multas.

Pero esas cifras se incrementan si se hace una revisión desde 2019.

Desde ese año, 159 funcionarios han sido destituidos, 133 suspendidos y 268 han recibido amonestaciones entre jueces, fiscales, defensores públicos y otros.

En relación con los 159 destituidos, en el 2019 fueron 34 jueces; en 2020, 19; y hasta el 30 de julio de 2021, 7.

En el caso de los fiscales, en 2019 fueron destituidos 11; en 2020, 5; y en los siete meses de 2021, 2.

Los defensores públicos destituidos en 2019 fueron 5; en 2020, 3; y en estos meses de 2021, 1.

En 2019 fueron destituidos 27 funcionarios; en 2020, 19; y en lo que va de este año, 26.

Al sumar estas cifras dan como resultado que 77 personas (operadores de justifica y funcionarios) fueron destituidos en 2019; 46, en 2020; y en 2021, 36.

El pasado 1 de agosto, el Consejo de la Judicatura, mediante un comunicado, solicitó a la Corte Constitucional (CC), que atienda de “manera preferente”, las peticiones de error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo, que sean requeridas por los usuarios que han interpuesto acciones extraordinarias de protección y la correspondiente denuncia.

El objetivo de esa petición es que la institución pueda ejercer su potestad disciplinaria, y no queden en la impunidad presuntas infracciones gravísimas cometidas por los operadores de justicia.

Para el juez Cristian Quito, vocero de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj), este pedido podría incurrir en el proceso con una declaración previa.

Aclaró que el reglamento de la CC determina que en caso de queja o denuncia el CJ se limitará a requerir dicha declaración, sin que se exprese un criterio.

Para el gremio este tema genera preocupación porque podría afectar a la transparencia.

Otras de las acciones dispuestas por la Judicatura es pedir que de manera inmediata se proceda a la evaluación de desempeño y productividad de los jueces, que se realiza cada tres años.

Asimismo, se dio un plazo para iniciar los sumarios disciplinarios en contra de los servidores judiciales relacionados con las presuntas irregularidades en el sorteo de las causas constitucionales presentadas por el alcalde Jorge Yunda.

Fuente: CJ, Ecuavisa, redes sociales