Los jueces de primera instancia y apelación desecharon la acción propuesta por las víctimas y organizaciones aliadas.

Punto Noticias. La Corte Constitucional seleccionó para revisar la sentencia sobre el derrame de 15.800 barriles de crudo, el pasado 7 de abril de 2020, que afectó a más de 105 comunidades kichwa con una población de, al menos, 27.000 personas.

Los jueces de primera instancia y apelación desecharon la acción propuesta por las víctimas y organizaciones aliadas. Ahora, la Corte decidió revisar esas sentencias por gravedad, novedad y relevancia nacional.

El derrame se produjo por el desplome de la cascada de San Rafael, debido a la erosión del río Coca, en febrero de 2020.

Las comunidades amazónicas reclaman que ni las autoridades ni las operadoras informaron sobre el derrame en los ríos que utilizan para alimento, agua, higiene y relación cultural.

“La contaminación se esparció en aguas y riberas. Ni las autoridades ni las operadoras han reparado integralmente ni con adecuación cultural a las comunidades, familias e individuos afectados; tampoco ha existido remediación ambiental. Para los jueces inferiores, la justicia constitucional no tenía nada que decir al respecto”, cuestionaron en una carta publicada este 3 de junio.

Exigen a la Corte que se traslade a Orellana y en audiencia pública escuche a las personas y familias afectadas. “Bastante daño ya les han hecho el Estado, las empresas y los mismos jueces que ignoran sus clamores por alimento, agua, atención médica y, sobre todo, dignidad humana. Ser escuchados por la más alta Corte Constitucional, también es un derecho fundamental”, dicen en el comunicado.