Los jueces constitucionales demandaron de la Asamblea Nacional que garantice la participación ciudadana, en casos similares.

Punto Noticias.El Pleno de la Corte Constitucional (CC) rechazó los pedidos de verificación de cumplimiento realizados por el Comité por la Institucionalización Democrática, que buscaba reactivar la reforma constitucional, iniciada en julio de 2019.

Además, la CC declaró el cumplimiento del dictamen No. 4-19-RC/19, específicamente en cuanto a que “el procedimiento de reforma establecido en el Art. 442 de la Constitución es apto para la expedición de las normas contenidas en el proyecto examinado”.

Exhortó a la Asamblea Nacional a que, en ocasiones posteriores en las que le corresponda tramitar proyectos de iniciativa popular normativa, interprete y aplique de forma sistemática y favorable el conjunto de disposiciones que rigen la participación de la ciudadanía en los debates, en las comisiones y en el Pleno.

Con este dictamen, los magistrados constitucionales dieron por cerrado el proceso de reforma constitucional planteado por el Comité, que quedó estancado en la anterior Asamblea Nacional.

Pablo Dávila, representante de este colectivo ciudadano, el 16 de julio pasado, denunció ante la CC una supuesta vulneración de derechos por parte del Legislativo y pidió la mediación de la Corte.

Alegó que la propuesta fue tramitada, pero modificada. Esta, en marzo pasado, no alcanzó los votos para que sea aprobada en el Pleno legislativo, por lo que el Comité planteó a la Corte que resuelva el tema, con el fin de que la reforma parcial llegue a su último paso, que es un referéndum constitucional.

Dávila buscaba que la Corte siente un precedente necesario respecto al ejercicio de la participación ciudadana; pero los magistrados determinaron que no pueden efectuar un control a las acciones de la Legislatura, ya que el proceso no terminó en la aprobación de una normativa, que es el único objeto de un control constitucional posterior.

El dictamen señala que “este organismo no puede dejar de reconocer la importancia de la participación activa de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público, así como la obligación de todas las entidades y organismos del Estado de promoverla y garantizarla en el ejercicio de sus atribuciones”.

La reforma parcial a la Constitución, planteada por el Comité por la Institucionalidad Democrática buscaba la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y el traslado de la facultad de designar a las autoridades de control al Parlamento, la transformación del Legislativo en bicameral y la separación de la Fiscalía de la Función Judicial.

Fuente: CC, Primicias.