Solo cambios profundos podrían evitar la quiebra del IESS en Ecuador

Los estudios actuariales a diciembre del 2018 que mostrarán el estado actualizado de los fondos de Salud y de Pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se revelarán este mes. Los de los fondos de Riesgo del Trabajo y del Seguro Social Campesino no se conocerán hasta junio. Así lo afirma el presidente de esta entidad, Paúl Granda.

El temor de una posible quiebra del IESS, que cuenta con 3’721.042 afiliados, aumentó luego de que un informe de Contraloría afirmara que el ente de Seguridad Social cuenta con fondos para el pago de las pensiones por vejez (jubilación), invalidez o muerte solo hasta el 2033.

Desde la sociedad civil se realizan análisis de los problemas que enfrenta el IESS. El miércoles pasado se desarrolló, en Guayaquil, un taller, organizado por instituciones privadas, entre ellas Fundación Esquel.

Carmen Corral, miembro de la Mesa de Seguridad Social, institución privada sin fines de lucro que analiza la situación del IESS hace tres años, y quien participó del taller, dice que el manejo político ha afectado al Seguro Social.

Hay que repensar el Consejo Directivo. Debería haber una política institucional para que no importe la autoridad que venga los programas se cumplan. Ha habido demasiada rotación y en la década anterior venían con consignas”, afirma.

Señala que se debe analizar “quién queda a la cabeza del IESS”. Y asegura que “se debe buscar aislarlo de la política. Hay (en la actualidad) candados para que solo el ejecutivo tenga el control”.

Además, señala que desde hace casi un año este Consejo Directivo no cuenta con representante de los trabajadores.

Una de las medidas políticas que más afectó al Seguro Social, según Corral, fue la decisión del expresidente Rafael Correa de eliminar la contribución del 40% del Estado para las pensiones, recursos que el IESS dejó de percibir desde 2015 debido a la Ley de Justicia Laboral.

El actual Gobierno se comprometió a pagar de nuevo estos rubros. De hecho, Granda indica que ya se realizó un primer desembolso: “El Gobierno Nacional ya ha colocado el 40% en su presupuesto de este año. Ayer (martes pasado) nos transfirió $ 102 millones”.

Una problemática es el aumento del número de trabajadores en el IESS.

“Esto responde a cuotas políticas. Es verdad que el incremento respondería a los hospitales que construyeron, pero el tema es el cómo y cuándo ingresaron porque no hay procesos de selección y el personal que ingresó no tiene los conocimientos”, dice Corral.

Otro de los problemas, según Granda, es que muchas de las patologías que deben ser tratadas en los establecimientos de primer nivel (dispensarios) se las trata en instalaciones más especializadas.

El 80% de nuestros pacientes tienen gripe, un dolor de cabeza, un problema estomacal, pero de ese 80% muchos se atienden en nuestras instituciones de segundo y tercer nivel (hospitales). Estamos trabajando un plan en ese sentido”.

Señala que el IESS contratará a 80 nuevos prestadores externos para mejorar la calidad de atención: “Es notorio que es muy difícil sacar una cita en el Seguro y que si uno logra sacarla el tiempo de espera es enorme y hay enfermedades que no esperan”, dice Granda.

Elthon Ojeda lleva diez años aportando al Seguro Social cerca de cien dólares mensuales. Afirma que su experiencia para acceder a servicios de salud en el IESS lo ha decepcionado.

“Logré una cita en medicina general, me detectaron amigdalitis, pero el médico me dijo que no me podía tratar y que tenía que ir a un especialista, pero la cita me la dieron para dos meses después. Al final pagué un médico privado, gasté $ 80 y me detectaron algo en el oído y tuve que pagar $ 400 por una resonancia”, lamenta.

Un caso similar fue el de Adriana Procel. Ella buscó una cita en ginecología. Luego de dos meses la consiguió, pero cuando acudió la experiencia no fue buena: “Llegué y me dijeron que la doctora estaba de vacaciones y me reagendaron para dos meses después”.

El IESS gastó en 2018 por concepto de derivaciones a prestadores externos un total de $ 542,9 millones, un 13,6% más que en 2017. Además compró dispositivos médicos por $ 349,2 millones y medicinas por $ 195 millones en 2018.

Sin embargo, solo en la adquisición de medicinas se registran pérdidas por $ 400 millones. Mauricio Espinel, miembro del Foro de Salud Pública, quien también participó del taller, dice que para evitar esto se deben realizar controles.

Señala que se debe asegurar la separación de las funciones de rectoría, quien da las políticas de operación, quien cumple las políticas, y las de control que aseguran los estándares.

A ello se suman las deudas por cobrar. La más grande es de $ 3 mil millones con el Estado por el concepto de salud. Además, hay rubros por cobrar por mora patronal a microempresas ($ 580 millones) y del sector industrial ($ 575 millones).

Inclusive el sector público también le debe al Seguro Social un poco más de $ 17 millones. Granda reconoce que el “IESS ha sido mal cobrador”.

Para evitar la quiebra de esta institución hay que tomar decisiones estructurales que tal vez no sean del agrado de varios sectores, afirma Jorge Madera, representante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social.

“El sistema necesita un diseño totalmente diferente… Dependerá de las medidas, el sector de los afiliados puede afectarse si el IESS es forzado a incrementar el aporte o si se aumenta la edad para jubilación. Que la salud no sea para todos… Pero se deben tomar medidas a través de un diálogo”, señala.

A principios de enero, Granda convocó un diálogo nacional para determinar las acciones por tomar y lograr sostenibilidad de la seguridad social.

“Nos está asesorando la Organización Internacional del Trabajo, también fundaciones, universidades, la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, es probable que Naciones Unidas. Vamos a discutir los temas y procurar un acuerdo nacional. Espero que en julio o agosto tengamos ya el acuerdo”, indica Granda.

Además, se está conformando un comité de ética y transparencia que recibirá y procesará actos de corrupción.

El mismo miércoles, cuando se realizaba el taller, en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional varios legisladores propusieron la reducción de la edad de jubilación.

Sin embargo, Madera, Corral y Espinel concuerdan en que las medidas que se deben aplicar en la seguridad social deben ser técnicas y no políticas. (I)