Los empresarios Alberto Hidalgo y Manuel Fontana son los primeros en cancelar la reparación económica impuesta a favor del Estado ecuatoriano como parte de la sentencia que recibieron por el delito de cohecho pasivo agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016.

Pese a que ambos fueron señalados finalmente como autores directos de la infracción investigada, Hidalgo solo canceló $ 368.632,43 y Fontana $ 778.224,17. La diferencia radica en que Hidalgo recibió en segunda instancia una rebaja de la pena, un cambio en su calidad de participación -pasó de ser autor directo a cómplice- y se le definió un monto de reparación menor.

Ya en casación lo que cambió para el empresario fue que se lo volvió a declarar autor directo, pero se mantuvo, al no poder empeorar la situación, con la pena y la reparación integral de cómplice.

La semana pasada, el procurador general, Íñigo Salvador, en representación de la víctima en este caso, el Estado, presentó ante el Tribunal de Juzgamiento del caso Sobornos en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) una petición de ejecución de sentencia que busca que los 20 condenados cumplan con todas las partes de la sentencia definida y que ya está en firme.

Para Salvador, la gran mayoría de los sentenciados en el caso Sobornos están en capacidad de pagar su reparación integral con cargo a los bienes que poseen. Como parte del pedido entregado en la CNJ, la Procuraduría incorporó información recabada en Registros de la Propiedad de los cantones Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Santa Elena, Atacames, La libertad sobre bienes inmuebles que estarían a nombre de los sentenciados.

Aclaró el procurador que al Tribunal de Ejecución le corresponderá disponer el embargo de esos bienes y sacarlos a remate para con el dinero que se obtenga pagar al Estado lo que le corresponde.

Ambos empresarios hicieron la entrega al Tribunal de los documentos que acreditan la transferencia al Banco Central del Ecuador en la cuenta corriente única del Ministerio de Economía y Finanzas. La información es parte de la providencia notificada por el Tribunal de Juicio, el miércoles último.

Hidalgo fue sentenciado a 32 meses de cárcel, mientras que Fontana deberá cumplir ocho años de privación de libertad. Por varias ocasiones, el Tribunal de Ejecución, presidido por el juez Iván León, ha rechazado el pedido de la defensa de Hidalgo, quien busca que se le beneficie con la suspensión condicional de la pena impuesta.

El fallo de esta causa quedó ejecutoriado el 18 de septiembre pasado y en él se establecía el término de 30 días para que los culpables de cohecho cumplan la sentencia, entre ello, el pago de $ 14,7 millones como indemnización. Como pena económica el Tribunal impuso que los autores mediatos, directos y coautores paguen $ 778.000 y $ 368.000 los cómplices. (I)