Los ejecutivos del canal cometieron un delito al retener de manera ilegal los aportes al IESS, reclamó.

Punto Noticias. Ángel Ramírez, presidente de Asociación de Trabajadores de la Comunicación del Ecuador (ASOTCE), denunció que fueron vulnerados los derechos de los trabajadores y periodistas despedidos por los empresarios propietarios de Canal Uno, en Quito y Guayaquil.

El dirigente gremial llamó a las autoridades competentes para que obliguen a los dueños y representantes del medio de comunicación a que cancelen los siete meses de salario que les adeudan, los décimos del año 2019, las aportaciones al IESS, retenidas de manera ilegal, y las correspondientes liquidaciones por despido intempestivo.

Ramírez responsabilizó de estos hechos directamente al propietario de Canal Uno, Marcel Rivas y a la representante legal en Quito, Verónica Bolaños. En Guayaquil no tiene representante legal, porque la última falleció con el virus de la pandemia.

A decir del dirigente, la deuda con los trabajadores despedidos llega a cuatro millones de dólares. Destacó que, según información del IESS, Canal Uno es la segunda empresa más deudora en Pichincha.

Aclaró que el canal retuvo las aportaciones de los empleados, que mes a mes descontaba de los roles de pago, pero no pagó a la seguridad social.

Ramírez rechazó la propuesta de la representante legal del medio de comunicación y su abogado, que plantearon pagar los haberes a los empleados en 36 cuotas, porque no tienen el dinero para cancelar de otra forma.

La demanda presentada por los trabajadores de Canal Uno de Quito la tramita la Fiscalía de Soluciones No 4 de Pichincha, de la que Ramírez espera agilidad y proceda inmediatamente a formular cargos en contra de los propietarios y representante legal.

Adelantó que continuarán los plantones, con el fin de presionar a Fiscalía, porque, según señaló, tiene todas las pruebas que presentó la Dirección del IESS de Pichincha. Recordó que el artículo 242 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que los aportes, tanto de los trabajadores como de los empleadores, tienen que ser depositados dentro de 90 días. Reiteró que los directivos del canal retuvieron de manera ilegal los dineros de los aportes, por lo que se convierte en un delito.