Los dirigentes de los gremios de educadores reivindican sus derechos.

Punto Noticias.Los profesores del sistema de educación pública recibirán un aumento del 42% de su salario, desde julio próximo, La remuneración mensual básica del maestro pasará de USD 817 a 1.000, según establece la Ley de Educación Intercultural reformada.

El pasado 10 de abril el texto fue remitido al Registro Oficial para su promulgación. Determina que el salario básico del docente debe ser 2,5 veces más que el básico del resto de los trabajadores y a partir de allí se ajustan los 10 escalafones.

Esta es una buena noticia para el gremio de docentes, porque “revaloriza la carrera”, dijo Nelly Miño, subcoordinadora de la Red de Maestros.

La aplicación de la ley es inconstitucional y “económicamente inviable”, para el ministro de Economía, Mauricio Pozo. Además del aumento de salarios, la norma ordena la reincorporación de profesores despedidos, jubilaciones anticipadas y nuevas contrataciones como bibliotecarios, lo que además significa un incremento del aporte del Estado a la seguridad social.​

Según Pozo, todo eso cuesta USD 3.000 millones; un incremento del 10% en el Presupuesto General del Estado. “Para financiarlo, por ejemplo, se tendría que subir el IVA en tres puntos del 12 al 15%”, planteó. Solo el alza para al salario cuesta USD 2.200 millones al año.

Pozo considera que las reformas violan el artículo 287 de la Constitución que señala: “Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente”.

A su entender, los 141 artículos, 18 disposiciones generales, 45 transitorias, seis disposiciones reformatorias no precisan el mecanismo para cubrir presupuestariamente los nuevos beneficios. Lo que sí se invoca, en la primera disposición general, es que el Estado debe incrementar anualmente el 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector educativo hasta alcanzar el mínimo equivalente al 6% del PIB.

“Es una creación de gastos sin financiamiento. Si ahora para cubrir lo que ya está (presupuestado) tenemos problemas, peor con esto”, dijo Pozo.

El Ministerio de Economía calculó los gastos en USD 32.080 millones, para este año; de estos, USD 8.868 deben ser cubiertos por medio de financiamiento externo. Hasta ahora se han reunido solo 400 millones.

El presidente de la Comisión de Educación del Legislativo, asambleísta Jimmy Candell, quien estuvo al frente de la reforma legal, sobre el financiamiento para cubrir el pago a los maestros, dijo que en la Comisión se desarrollaron mesas técnicas en las que participaron delegados del Ministerio de Economía. “Siempre nos dijeron que el impacto económico era de USD 500 millones”.

En la sesión 692, del pasado 18 de febrero, Candell nombró a las entidades que participaron en la construcción de la Ley. No citó al Ministerio de Economía, pero sí al de Educación, y dijo: “El nuevo escalafón docente propuesto no representa un incremento en el gasto público. Lo que se propone es una reorganización del mismo en 10 categorías”.

El viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, el 15 de octubre del 2020, advirtió, vía oficio a la Comisión, que el Fisco no cuenta con dinero para cubrir las transferencias de la ley y que se ponía a disposición para analizar la propuesta.

Al ser consultado sobre el tema, Candell dijo que el Estado podrá financiar los nuevos compromisos, si se devuelven USD 930 millones que fueron recortados al sector de la educación en 2020. Sobre la posible inconstitucionalidad, el asambleísta recordó que el Ejecutivo no vetó la ley.

El presidente Lenín Moreno escribió en su Twitter el pasado 10 de abril: “Entiendo que las bancadas de los dos candidatos (a la Presidencia) presupuestaron los recursos para implementarla como manda la Constitución”.

Sobre por qué no se vetó el texto, Pozo dijo que Finanzas emitió un informe negativo, el cual es vinculante. “No es que estamos en desacuerdo con que se mejoren los salarios, es que no hay dinero”.

La presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas, comentó que el magisterio exige se devuelva lo recortado.

Otro beneficio para los maestros impactaría al Seguro Social. La ley dice que los maestros podrán jubilarse luego de 25 años de aportaciones y sin límite de edad.

Para Gladys Palan, de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, esto agrava la situación del IESS, que actualmente está en déficit. «La regla general es que para tener derecho a una jubilación se debe tener 30 años de aportes y al menos 65 años de edad». La ley no explica por qué los docentes podrían acogerse a un sistema especial y agrava más situación del IESS, alertó.

Adelantó que la Mesa analiza el tema y no descartan una demanda de inconstitucionalidad.

Fuente: El Comercio.