Los asambleístas proponentes argumentan conflicto de intereses e incumplimiento de funciones.

Punto Noticias. Para impulsar el juicio político en su contra, la bancada legislativa de Pachakutik (PK) acusa a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) de conflicto de intereses en la designación de autoridades y la remoción de Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura.

Los proponentes de la interpelación política son Ricardo Vanegas y José Chimbo, quienes presentaron la solicitud, que se encuentra en el despacho de la presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori desde el 23 de septiembre.

El primer pedido de juicio político es contra Sofía Almeida, Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira, por remover de sus funciones aFausto Murillo, del Consejo de la Judicatura (CJ), el pasado 23 de abril, aludiendo un informe del exministro de Trabajo Andrés Isch, que concluía que registraba impedimento legal para ejercer el cargo. En contra votaron Hernán Ulloa y Francisco Bravo; David Rosero se abstuvo.

El nuevo ministro de Trabajo, Patricio Donoso, certificó en un nuevo informe que Murillo no registraba impedimento y, de forma paralela, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dispuso su reintegro a la Judicatura.

Los legisladores sostienen que los cuatro consejeros violaron las competencias establecidas en la Ley del Consejo de Participación Ciudadana de “nombrar a los servidores del Consejo y ejercer las demás acciones propias de la administración de personal, de conformidad con las normas legales sobre la materia, excepto a los servidores cuya designación o sanción corresponda al pleno del Consejo”.

La segunda solicitudes en contra de Almeida, Dávalos, Rosero y Estupiñán por la designación de César Córdova como defensor del Pueblo encargado, el pasado 18 de septiembre, en el que, a criterio de los parlamentarios, hubo “conflicto de intereses”.

Los asambleístas dicen que recogieron las declaraciones de los cuatro consejeros ante la Comisión de Fiscalización, en las que señalaron que para designar a Córdova solo analizaron su hoja de vida, que no tenían dudas de su honorabilidad y experiencia profesional en derechos humanos, porque había cursado un diplomado en derechos humanos y patrocinado como 300 juicios de trabajadores. Pero, sobre todo, porque “había sido el secretario general del Consejo de Participación Ciudadana, pocos antes de ser designado en el encargo”.

“Está claro que un título de tercer nivel no registrado en la Senescyt, en derechos humanos y haber patrocinado 300 juicios que no están debidamente sustentados, no le permite cumplir con los requisitos para ser designado defensor del Pueblo”, cuestionan.

Los legisladores creen que se debió escogerse a una autoridad que no tenga ninguna relación con los consejeros; sin embargo, designaron a quien fue su secretario “con lo cual adecúan sus conductas con lo que se evidencia un conflicto de intereses e incumplen sus funciones como funcionarios”, aducen.

El tercer pedido es en contra de los siete vocales, por designar a Pablo Iglesias Paladines titular de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT), el 4 de marzo pasado, pese a que en su hoja de vida constaba que fue consultor de la empresa ACME, de la que Christian Cruz, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, es su propietario, lo que configuraría también “un conflicto de intereses”, según los parlamentarios.

Cuando Cruz ya no se encontraba como presidente del Consejo se eligió a Iglesias, aunque durante su gestión se conformó una comisión técnica que verificó el cumplimiento de requisitos de la terna que remitió el expresidente Lenín Moreno y, consecuentemente, los siete vocales lo designaron para el cargo.

Existe “un conflicto de intereses” porque “no debió haber sido calificado, con lo que se produce un incumplimiento de funciones de todos los que han participado en el proceso de calificación”, se argumenta.

Los asambleístas basan su petición adjuntando las firmas de la cuarta parte del pleno de la Asamblea Nacional, para que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) solicite el informe jurídico que señale el cumplimiento de requisitos y dé paso al trámite; es decir, que Llori remita la documentación a la Comisión de Fiscalización para el proceso de validación de pruebas, antes del juzgamiento en el Pleno del Parlamento.

Fuente: El Universo.