Los activistas de Derechos Humanos y de otras organizaciones señalan que al menos el 90% de los presos no estaría vinculado con las grades mafias que provocaron masacres.

Punto Noticias.- Las organizaciones de Derechos Humanos y feministas que integran la “Alianza contra las prisiones” solicitaron al Estado que se den soluciones certeras a la crisis carcelaria que vive el país, ya que se han vulnerado múltiples derechos constitucionales de los privados de la libertad.

Para los activistas es necesario que el Estado que está al frente del sistema penitenciario ejecute un verdadero sistema de rehabilitación social, debido a que el 90% de la población carcelaria (39.000) no pertenecería a las grandes mafias.

Reprocharon que no se haya dado un duelo nacional luego de la masacre de septiembre en la que fallecieron 119 presos en la Penitenciaría del Litoral, así como que no se conozca a ciencia cierta cómo están distribuidos los presos en cada una de las celdas y sus necesidades.

Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) Guayaquil, dijo que es importante diversificar las miradas para diseñar salidas a la crisis carcelaria a través de una alianza.

Este grupo de la sociedad civil cree que no se debe normalizar el castigo penitenciario como una manera de practicar la justicia. Por ello, creen que la solución no es crear mas cárceles, porque eso conllevaría a más hacinamiento y masacres.

En una rueda de prensa, Sofía Carpio se refirió a la responsabilidad estatal en el sistema penitenciario y mencionó un informe en el que se hacen recomendaciones como militarizar las cárceles, proveer de herramientas tecnológicas para controlar y construir más centros.

Para Carpio lo único que se ha hecho durante estos últimos años es reproducir políticas caducas, cuando se requiere un modelo en el que exista inversión en infraestructura, capacitación y personal médico. Incluso, mencionó la falta de guías penitenciarios y de una buena alimentación.

Según una encuesta realizada a los familiares de los presos, más del 70% señala que no reciben una buena alimentación y que más bien les dan cosas que perjudican su salud.

En este punto se dijo que más bien el sistema actual “exprime” a los familiares de los presos que también deben ser responsables de gastos que generan quienes están encerrados.

Los representantes de las distintas organizaciones manifestaron que, si bien antes de 2020 ya se hablaba de mafias al interior de las cárceles, fue en ese año en el que la crisis se agravó por la guerra entre mafias. Situación que sería utilizada por el Gobierno para armar su discurso sobre la crisis en el sistema penitenciario.

La docente Cristina Burneo habló sobre los migrantes que se encuentran detenidos, de quienes nadie mencionó durante la masacre.

Dijo que lo que sucede en las cárceles es algo no solo local, sino transnacional e hizo un llamado a las autoridades a hacer un censo de la población carcelaria que no hay, así como tampoco existiría información sobre el estado de los casos de cada uno de los detenidos ni cómo están clasificados al interior de las celdas.

Trascendió que, de las 39.000 personas privadas de la libertad en el país, al menos 3.000 serían venezolanas y colombianas, pero que no hay más datos sobre ellos para brindarles apoyo.

Los activistas manifestaron que existe una deshumanización y que, en el caso de las mujeres presas, la mayoría están encerradas por delitos menores.

Navarrete también abordó sobre el tema de la revictimización y el maltrato a familiares de las personas privadas de la libertad.

“El Estado debe ser un interlocutor para generar una respuesta adecuada a la crisis carcelaria desde la óptica de los derechos humanos”, afirmó.

José Valenzuela, docente del Centro de Derechos Humanos de la Católica, recordó que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se presentó una medida cautelar ante la violación de derechos a los privados de la libertad del Ecuador.

Además, se conoció que internamente un juez acogió las medidas de protección para los presos y habría concedido cinco días para que ocho entidades den soluciones a la crisis carcelaria, entre ellas la Presidencia de la República, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura.

Los representantes de las distintas organizaciones aseveraron que su objetivo es humanizar los centros de privación de la libertad.

Fuente: Alianza contra las prisiones, redes sociales