Lo que se ha solicitado al COE Nacional es abrir las actividades en algunas áreas.

Punto Noticias. Paola Pabón, Prefecta de Pichincha y vicepresidenta del COE Provincial, aclaró que no es real que Quito haya solicitado pasar, desde el miércoles 3 de junio, al color amarillo del semáforo epidemiológico, con los protocolos que están contemplados para esta fase.

Según explicó, hay un pedido del COE Cantonal al COE Nacional para que se le permita a la capital la apertura en algunas áreas, sin tener que asumir el semáforo en amarillo, porque, en estos momentos, no es lo mejor para Quito ni para Pichincha.

En esta suerte de amarillo moderado, entre otros pedidos, que se reduzcan las horas del toque de queda, para que haya mayor movilidad, que funcionen algunas empresas, pero que todavía no opere el transporte público de pasajeros ni se reabran las labores del sector público.

La prefecta insistió en que la solicitud al COE Nacional es que autorice migrar a un amarillo moderado. Espera que lo haga, porque es un planteamiento que cuenta con el respaldo de los restantes siete cantones de Pichincha.

Expresó su preocupación porque la provincia enfrenta el pico más alto de contagios y de fallecimientos causados por el virus de la pandemia, a lo que se suma la noticia de que en Pichincha ya no hay unidades de cuidados intensivos disponibles para atender a los pacientes graves con la enfermedad.

La prefecta Pabón denunció que hay una campaña de desprestigio en contra de los gobiernos autónomos descentralizados, que son los que están atendiendo las necesidades de la gente, en los territorios, en esta crisis provocada por el coronavirus.

Señaló que la estrategia es denunciar supuesto sobreprecio e irregularidades en la adquisición de insumos para enfrentar la emergencia sanitaria, como la presentada contra su administración, por la compra de bolsas para cadáveres y pruebas rápidas para detectar Covid-19.

Aseguró que se cumplió el debido proceso en compras pública, que implica buscar los mejores precios del mercado. Sobre las bolsas, se argumenta que hay de 15 dólares y que la Prefectura adquirió de 51 dólares, por lo que se deduce que hay sobreprecio.

La prefecta sostuvo que no lo más barato es lo adecuado. Y en este caso, se trata del manejo de cadáveres contagiados con Covid, cuyos fluidos no deben traspasar las fundas, para evitar que contagien a las personas que realizan el levantamiento de los cuerpos.

“Las bolsas que el Gobierno de Pichincha compró, son las adecuadas para evitar que los fluidos puedan estar expuestos y evitar más contagios”, subrayó.

Respecto de las pruebas rápidas, la autoridad provincial negó que el proveedor no esté habilitado, como señala la denuncia. Paola Pabón aseguró que el proveedor cumplió con las especificaciones de la ARCSA, tiene registro sanitario, está habilitado en el SRI y ofreció el precio más competitivo y ajustado a lo que se necesita.

El objetivo de las denuncias, está segura la prefecta, es dañar la honra de las instituciones y de las personas.