Lima, 11 mar (Prensa Latina) El fiscal Anticorrupción José Pérez dio por terminada hoy la investigación a la dirigente neoliberal Keiko Fujimori, previa al inicio del juicio en su contra por lavado de activos y otros delitos.

A esos cargos se agregan los de pertenencia a una organización criminal, obstrucción a la justicia, falsa declaración, fraude procesal, falsificación de documentos y falsedad genérica, verificados durante las pesquisas.

Así lo indica un informe de Pérez llegado a medios de prensa locales y que se refiere al llamado caso Cocteles, es decir la simulación de una recogida de fondos en una recepción social para encubrir contribuciones secretas.

Esa fue, según el fiscal, solo una de las modalidades para justificar el uso en sus campañas electorales de 2011 y 2016, de aportes ocultos de la empresa brasileña Odebrecht, el grupo local financiero del Banco de Crédito y otros.

Tras dos años y más de cuatro meses, Pérez determinó que tiene elementos suficientes para acusar a Fujimori y otros 61 procesados, entre ellos integrantes de su entorno político y dirigentes o exdirigentes de su partido, Fuerza Popular (FP), y para pedir penas de cárcel para ellos.

El anuncio causó sorpresa porque el juez que supervisa el caso, Víctor Zúñiga, había ampliado, a solicitud del fiscal, el plazo de las pesquisas hasta febrero de 2022.

Tras la ampliación, Fujimori y su abogado exigieron al fiscal que presente de una vez su acusación y alegaron que no lo hacía porque no tenía sustento para la misma.

Ante el anuncio de hoy, Keiko Fujimori intentó vincular el tema con su candidatura a la presidencia, en un mensaje en Twitter en el que señaló que el fiscal quiere intervenir en el proceso electoral.

Agregó que ‘yo seguiré enfrentando esta persecución y avanzando con energía para que juntos podamos superar esta emergencia sanitaria y económica’, dijo como parte de su estrategia que busca mostrar como políticas las acciones de la Fiscalía.

El diario La República, en su versión de Internet, señaló que en la última etapa de las investigaciones, Pérez consiguió, mediante registros telefónicos y testigos, elementos referidos al uso por Fujimori de influencias judiciales para salir impune.

El diario plantea que, además de pedir penas de prisión para Fujimori y sus coinculpados, es posible que Pérez pida la disolución del partido fujimorista Fuerza Popular (FP), del que Keiko es candidata presidencial, por haberse convertido en una organización delictiva.

Semanas atrás, una corte de apelaciones revocó una orden de vigilancia judicial a las finanzas de FP, dispuesta por un juez como alternativa al pedido de Pérez de que la organización sea suspendida para evitar que vuelva a cometer los delitos indagados.

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