Matanzas y amenazas en la frontera colombiana atemorizan a Carchi y a indígenas Awá
Las masacres en Samaniego, Pialapí (Ricaurte) y la Guayacana (Tumaco), en Nariño, Colombia, frente a Carchi y Esmeraldas, que dejan 18 muertos en ocho días, evidencia el retorno de una nueva ola de violencia que tiende a recrudecerse y podría provocar desplazamientos hacia Ecuador.
La situación obligó al presidente de Colombia, Iván Duque, a visitar el sábado último Samaniego, donde dijo que fueron homicidios colectivos.
Advirtió que no habrá impunidad. Acusó al narcotráfico de expandir cultivos ilícitos y anunció que seguirá erradicando las estructuras criminales.
Harold Ruiz, exasesor de Paz de Nariño, califica a los múltiples asesinatos como una tragedia humana provocada por el narcotráfico. Y dice que han hecho esclavas a las comunidades indígenas Awá, a las que someten con los grupos armados, forzándolos a migrar.
Estos corredores ilegales en la frontera colombo-ecuatoriana son utilizados para el tráfico de drogas, minería ilegal y trata de personas. El investigador señala que en ese territorio fronterizo (Nariño) hay 36 000 hectáreas de cultivos prohibidos, custodiados por 20 grupos armados que operan en la costa pacífica y en la cordillera.
La falta de presencia del Estado colombiano, sumado a la intención del regreso de las fumigaciones aéreas con glifosato; la instalación de carteles mexicanos; y el cuestionado proceso de paz, recalientan la frontera norte, generando una estela de miedo y terror en sus habitantes fronterizos.
Según el mandatario colombiano, en los últimos 22 años se han registrado 1361 escenas de asesinatos colectivos con 7458 víctimas, presentándose en su gobierno 158 fallecidos. Y detrás de todo está el crimen organizado, pero también el ELN, las disidencias de las FARC, Los Pelusos, Los Caparros, Oliver Sinisterra, el Clan del Golfo, entre otros.
Para él, las columnas Oliver Sinisterra (que sembró también terror en Ecuador y cuyo líder en el 2018 fue el ecuatoriano Walter Arizala, alias Guacho),Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, la Nueva Marquetalia son disidencias de las FARC, que se burlaron del proceso de paz colombiano.
Según Ruiz, en lo que va del 2020, en Nariño se ha registrado el desplazamiento interno de 8000 personas en 22 ocasiones y el asesinato de más de una decena de indígenas Awá, el objetivo de los grupos al margen de la ley.
Awá de Ecuador, tensos
Por los asesinatos de tres nativos Awá en Pialapí y por la ola de violencia reciente, el Comité Técnico Binacional Awá se reactivó y mantienen reuniones virtuales desde el miércoles 19.
Las tres organizaciones Awá de Colombia y una de Ecuador (Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos) coinciden que viven en medio de un conflicto ajeno y expuestos a riesgos.
Jairo Cantincuz, presidente de la Federación Awá de Ecuador, comenta que en este mes líderes e indígenas han sido víctimas de la confrontación armada colombiana y cita que en Llorente hubo un atentado contra Javier Cortes Pai.
Los dirigentes arman una agenda y hoja de ruta conjunta para reunirse con la comunidad internacional y representantes de los derechos humanos. Van a pedir a la Embajada de Ecuador, en Bogotá, que denuncie a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los hechos que sobresaltan a estas poblaciones.
Control militar ecuatoriano en el puente peatonal de Chical, Carchi, que lleva a Tallambi, Colombia. Foto: Ricardo Cabezas
Cantincuz y los Awá esperan que tras el momento crítico que vive Nariño no existan desplazamientos hacia territorio ecuatoriano, pues aquello significaría más riesgos.
La dirigencia descarta algún tipo de vínculo con los grupos armados y rechazan que los ejércitos de ambos países quieran relacionarlos. «Somos pueblos olvidados que no tenemos sistemas de comunicación o vías de acceso», agrega.
Consideran que los responsables de la situación que viven los Awá de Colombia son los gobiernos, porque si en el vecino país hubiera proyectos productivos estatales, nadie sembraría la hoja coca y no se encendería aquel conflicto.
Sobre las relaciones con militares ecuatorianos dicen que mantienen sus distancias y han mejorado en algo en los dos últimos años. Piden que sean respetados sus territorios, donde tienen y aplican sus sistemas de control con las guardias indígenas.
Pablo Merino, comandante de la Brigada Andes, explica que hay una coordinación con la población Awá para que se sientan seguros y aclara que el ejército ecuatoriano tiene sus sistemas de inteligencia que identifican cualquier anormalidad.
Más uniformados a la frontera de Carchi
Control militar en territorio ecuatoriano, en las zonas de frontera en Carchi, frente a Colombia. Foto: Ricardo Cabezas
En las parroquias fronterizas de Maldonado y Chical, a 80 y 100 km de Tulcán, saben que los últimos asesinatos advierten una probable arremetida militar colombiana frente a estas poblaciones.
Y aquello provocaría más desplazamientos a Ecuador como sucedió hace más de un año. Entre el 22 y 23 de enero de 2018, 110 pobladores colombianos se movilizaron hacia Chical, tras huir de los combates entre grupos irregulares.
Filiberto Cantincuz regresó hace tres meses a territorio ecuatoriano. Lo hizo por la violencia que existe y la persecución a los indígenas frente a Chical, en suelo colombiano. Hoy dice que está más tranquilo que este país.
Esto mientras, la Brigada de Infantería Andes envió más personal hacia los fuertes militares fronterizos para reforzar los operativos con patrullajes, retenes en carreteras y trabajos de inteligencia militar.
Pablo Merino, comandante de la Brigada Andes, indicó que con sus pares colombianos desarrollan un trabajo coordinado de información para evitar posibles contingencias por estos días.
Los destacamentos militares de Maldonado, Chical, Tufiño, y El Carmelo, están alerta y reforzados.
Los uniformados inspeccionan el ingreso y salida de vehículos, realizan control de armas, municiones y explosivos. También impiden el ingreso irregular de cemento y combustibles desde Tulcán, insumos usados en laboratorios cocaleros colombianos.
En operativos en el lado ecuatoriano, en Carchi, se revisa también debajo de los carros para descartar la presencia de explosivos. Foto: Ricardo Cabezas
Iván Rosero, presidente de la Junta Parroquial de Chical dice que en la población hay tranquilidad por el momento.
El puente colgante peatonal que une a Chical (Ecuador) con Tallambí (Colombia) está bloqueado al paso de personas, desde el inicio de la pandemia. En el centro, dos láminas sujetadas con una cadena y candados impiden el ingreso y salida a los dos países.
Desde una garita, a 150 metros del puente, los militares ecuatorianos evitan el cruce de ciudadanos entre las dos poblaciones. (I)
