Las denuncias de presunta corrupción en el interior de la Policía del Azuay fueron conocidas hace casi un mes, pero las acciones administrativas se iniciarán la próxima semana. Para ello se tomarán algunos testimonios en la investigación que se sigue por el supuesto delito de concusión.

Según el fiscal de Azuay, Leonardo Amoroso, el policía que puso la denuncia en octubre pasado pertenece al Distrito Norte y relató que “cuando llegó con su pase desde el cantón Camilo Ponce Enríquez al Distrito Norte le incluyeron en un grupo de WhatsApp en donde se decía que para adelantar el franco o tener un día más debía cancelar entre $ 3 y $5”.

El policía no denunció a una persona en particular, sino sobre el hecho irregular.

El inspector general de la Policía Nacional, Carlos Cabrera, llegó la mañana de este jueves a Cuenca. Allí ratificó que el traslado a Quito de dos coroneles serán temporales.

“Nosotros hemos considerado que hay que cambiar a las personas que estaban dirigiendo la Policía Nacional en Azuay para transparentar la investigación administrativa iniciada por la institución y por la Fiscalía provincial”, refirió Cabrera.

El uniformado informó que en Quito se conoció esta novedad a inicios de mes a través de un parte policial emitido por la subzona de Cuenca, pero la próxima semana se empezará a tomar la versión de quince ciudadanos.

Cabrera no detalló si la investigación que desarrollará el Departamento de Asuntos Internos será únicamente hacia los dos coroneles trasladados, pues con el transcurso de los días podrían encontrar más involucrados.

Por ahora los gendarmes de menor grado están trabajando normalmente, incluyendo a quien colocó la primera denuncia en la Fiscalía.

De determinarse que existió un delito de concusión, que no prescribe, la pena de cárcel sería de entre tres y cinco años. (I)