Las defensas de los procesados presentan ante el Tribunal de Juzgamiento sus pruebas de descargo en el caso de presunto lavado de activos.

Punto Noticias.- En la audiencia de juicio que se reinstaló este jueves 8 de julio contra cinco personas por presunto lavado de activos, el Tribunal recibe la prueba de descargo de la defensa de los procesados.

La Fiscalía los acusa de haber cobrado el Bono de Desarrollo Humano (bono solidario) haciéndose pasar como beneficiarios, es por eso que este caso fue denominado Bonos MIES.

Cinco millones de dólares correspondientes al bono que entrega el Gobierno a las familias más pobres del país, sería el monto que fue desviado, en una operación desde el 2014 hasta el 2018.

La red delictiva operaba en una bodega de abastos en Santo Domingo de los Tsáchilas y en un cibercafé instalado en Puerto Quito, en Pichincha.

Los encargados de estos negocios podían ver quién cobraba el bono solidario y quién no, lo que les permitió obtener información para armar la estructura de cobro y así desviar el dinero que es cubierto por el Ministerio de Inclusión Social (MIES).

Si alguien dejaba de cobrar por muerte, enfermedad u otras razones, los dueños de los locales enviaban los datos de los beneficiarios a otras personas, que usaban la información, recaudaban los fondos y los depositaban en sus cuentas.

En 2017 aparecieron las primeras alertas. Un año después, los cinco ya fueron procesados por defraudación tributaria y asociación ilícita.

Criminalística y la Unidad de Lavado de Activos (UAFE) emitieron sus informes sobre las evidencias encontradas y sobre los ingresos irregulares de los ahora procesados, respectivamente.

En noviembre de 2020, los cinco procesados fueron llamado a juicio por lavado de activos, pues se sumó a la investigación las propiedades y vehículos adquiridos.

Según las pericias hechas a las cuentas de uno de los imputados, entre 2013 y 2017, sus ingresos en el sistema financiero llegaron a USD 1’065.178, mientras que la declaración al Servicio de Rentas Internas por esos años fue de USD 113.328.

Las cuentas del resto también presentaron novedades. La Fiscalía encontró que el 91,14% de los valores depositados, solo de 2015 a 2017, tenía la frase “pago bono solidario CNB”.

Los agentes detectaron que existían valores que iban desde USD 50 hasta USD 200 en 7.994 transacciones realizadas a favor de los procesados.

Fuente: Fiscalía, El Comercio, redes sociales