Las autoridades piden no tomar esas medidas y se muestran dispuestas a mediar. Algunos ciudadanos que se han quedado sin empleo durante esta pandemia ya no tienen para pagar sus arriendos y los propietarios de los inmuebles les han pedido que se vayan.

Ese es el caso de Érika Osorio, ciudadana venezolana que vive en La Garzota, Guayaquil, con tres hijos menores de edad, y que ya adeudaba tres meses de renta.

Osorio trabajaba como despachadora de combustible en el cantón Yaguachi, pero fue despedida debido a que por falta de transporte se le complicaba llegar. A esa situación, se sumó que el dueño de la casa donde arrienda le dio plazo para desalojar hasta el 16 de mayo.

Los propietarios de los inmuebles prefieren que no les paguen, sino que desalojen, advirtió Osorio, quien busca un albergue o que alguien le preste dinero para otro alquiler.

Ante esta realidad, las autoridades han solicitado que no se proceda con desalojos por falta de pago. En Guayaquil, la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos emitió medidas de protección en este sentido, vigentes solo en emergencia sanitaria.

Vicente Torres, secretario ejecutivo de la entidad, señala que la Defensoría del Pueblo intervino en casos de inminente expulsión de familias que tenían integrantes menores de edad.

Mirelli Icaza, coordinadora de la Zona 8 de la Defensoría del Pueblo, explicó que en el caso de Guayaquil han recibido al menos 40 reportes de inquilinos que piden ayuda ante la presión de los dueños de casa y que les ha tocado mediar para que se lleguen a acuerdos.