La vicedefensora del Pueblo, Zaida Rovira, presentó una acción de protección, la mañana de este martes, contra el Estado para que se declare la vulneración de derechos constitucionales como la dignidad humana, integridad personal, derecho a recibir servicios públicos de óptima calidad y seguridad jurídica de las personas que aún no pueden localizar los restos mortales de sus parientes que fallecieron en Guayaquil en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19.

La representante de la Defensoría del Pueblo interpuso la acción constitucional en Guayaquil directamente contra el Estado ecuatoriano y varias entidades del Ejecutivo.

Como parte de la acción se busca que se ejecuten inmediatamente las investigaciones necesarias para determinar la ubicación de los restos mortales que no han sido recuperados aún. Para ese fin, la Defensoría pide que se empleen ciencias forenses, participen las universidades e instituciones privadas, así como un familiar de la víctima.

En caso de que se defina que el cadáver consta como sepultado, señala el pedido de la Defensoría del Pueblo, se solicita a las autoridades efectuar la inhumación y pruebas científicas que aseguren la identificación del cuerpo.

Una vez realizada la diligencia forense, la Defensoría del Pueblo solicitó que la entidad que se defina como responsable de la negligencia proceda con la reparación material e inmaterial de parte de la entidad responsable.

Dentro de la acción de protección también se pidió la aplicación de medidas pertinentes de rehabilitación y que se ordene la inmediata atención médico-psicológica a los familiares de las personas desaparecidas, incluyendo la atención a otros familiares del entorno indirecto que requieren esta ayuda profesional.

Como medida de satisfacción las entidades responsables deberían además efectuar un acto simbólico para pedir “disculpas públicas” a las familias que no encuentren los cadáveres de sus parientes fallecidos en el contexto de la emergencia sanitaria en Guayaquil.

La Defensoría del Pueblo solicita a las personas y familias que sufren de esta problemática que acudan a las oficinas de la institución en Guayaquil para que sean parte de esta acción de protección. Hasta el momento no se ha definido el juez qeu tratará la acción, ni tampoco un día en que se resolverán en audiencia los pedidos. (I)