La situación jurídica del exsecretario nacional del Agua (Senagua) del correísmo, Walter Solís, se complica en Ecuador, luego de que ayer se instaló contra él y cinco personas más una audiencia de juzgamiento por el delito de peculado. El viernes último contra él quedó en firme una sentencia de ocho años en calidad de coautor del delito de cohecho agravado que cometió cuando fue ministro del Transporte dentro del caso Sobornos 2012-2016.

En el caso por cohecho se lo acusó de ser parte de una estructura que desde la función pública gestionó y manejó recursos provenientes de empresas a las que se les garantizaba contratos de obra pública a cambio de que entreguen recursos en efectivo o a través de cruce de facturas; mientras que en la causa por peculado se lo procesa por el uso de recursos públicos en parte de una deuda del entonces Centro de Rehabilitación de Manabí (CRM), hoy Senagua, con la empresa privada Ondeo Degremont, que fue desviada para pagar una deuda producto de un litigio entre particulares.

Ayer, la fiscal general Diana Salazar en el inicio de la audiencia dijo que no solo demostrará mediante prueba pericial, testimonial y documental que existió abuso de la autoridad pública, sino también que un acuerdo entre terceros se canceló con recursos del Estado y que Solís aprobó el informe jurídico favorable realizado por el entonces asesor jurídico de Senagua, Marco R., con el fin de dar cumplimiento con la liquidación de valores de la mediación entre la actual Senagua y una empresa francesa.

Junto con Solís, quien se encuentra en Estados Unidos y es visto por las autoridades ecuatorianas como un prófugo de la justicia, y Marco R., en este caso también son procesados los exjueces de Manabí Lorena B. y Cristóbal M.; el abogado Jorge M. y el ingeniero Jorge B. Como acusadora particular está la Senagua y también es sujeto procesal la Contraloría General del Estado.

En representación de Solís, Alemberth Vera en sus alegatos de apertura dijo que en relación con su cliente en este caso se han omitido detalles como que fue el propio Solís quien presentó denuncias por prevaricato contra dos jueces sobre los acuerdos suscritos o que gracias a Solís se evidenció que los poderes judiciales no eran verídicos.

Vera aseguró que Walter Solís es inocente de todo lo que se lo acusa y que solo se lo está persiguiendo por haber sido parte del gobierno de Rafael Correa.

Según la Fiscalía, el delito cometido en este caso habría ocasionado un perjuicio al Estado de $2 450 000.

Hasta el cierre de esta edición la fiscal Salazar continuaba con la presentación de la prueba pericial, testimonial y documental anunciada en la etapa preparatoria de juicio, luego continuarán la Senagua, la Contraloría y finalmente las defensas de los seis acusados. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia Dilza Muñoz (ponente), Daniella Camacho e Iván León están a cargo del proceso penal. (I)