Martínez señala que el diagnóstico ayudó primero a desmitificar un poco el tema. «Pensábamos que el trabajo infantil en Quito, era mucho mayor».

Sybell Martínez explica que después de la encuesta que se aplicó a 3200 hogares en noviembre de 2019, por lo que no tiene nada que ver con la pandemia covid-19, se concluyó:

• El 3 por ciento de niñas, niños y adolescentes, más o menos 25 600, de un universo de algo más de 860 mil, realiza trabajo infantil.
• 6 de cada 10 niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el Distrito Metropolitano de Quito, están entre 5 y 14 años.
• El 16 por ciento, no estudia.
• El 1,4 por ciento, tiene alguna discapacidad.
• El 50,1 por ciento del trabajo, se realiza en espacios privados.
• El otro 49,9 por ciento se divide así: El 20,7 por ciento, en espacios públicos, es decir, en la calle, el 16,8 por ciento, en hogar propio, el 5,9 por ciento, en trabajo agrícola, el 5,1 por ciento, en un hogar distinto al propio y el 1,4 por ciento, en actividades riesgosas para la salud física.
• Entre 7 y 8 de cada 10, son menores de 15 años, mientras que 2 o 3 de cada cien, tienen entre 15 y 17 años.
• El 74 por ciento de los padres y madres de los niños y adolescentes que trabajan, empezaron a trabajar antes de los 18 años.
• 2 de cada 10 adolescentes de 15 a 17 años, cuentan con afiliación al IESS y reciben como salario mínimo, un promedio de 90 dólares y aquellos que no tienen seguridad social, reciben 21 dólares.

Además, los principales riesgos a los que se exponen los niños y adolescentes que trabajan son: polvo, gas, ruido, frío y calor extremo, fuego, gas inflamante y los problemas que presentan son: agotamiento, fiebre, lesiones, heridas, quemaduras, problemas en la piel, en los ojos.

En el diagnóstico se encontró que Manuela Sáenz y Calderón son las Administraciones zonales que concentran más el trabajo infantil, en locales propios y arrendados. En la Zona de Tumbaco y Los Chillos se ve más trabajo agrícola. En la Zona de Quitumbe, se intensifica el trabajo de la construcción. Y las únicas administraciones zonales en donde los niños trabajan en minas y canteras, son Calderón y Manuela Sáenz.

Recomendaciones del Diagnóstico

La primera, un trabajo mancomunado, interinstitucional, multisectorial e integral, en donde el MIES, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo, el Consejo de Igualdad Intergeneracional, todos, tengan que ver con la obligación de erradicar el trabajo infantil. Entender que hay una parte de responsabilidad local y otra, nacional que, en ningún caso, debe ser invisibilizada ni transferida de un lado al otro, explica Martínez.

Quien hace Política Pública de prevención, es el gobierno nacional y, por lo tanto, hay que mantener esos contratos con organizaciones que se dedican a la erradicación del trabajo infantil.

«Estamos trabajando una ordenanza de erradicación de trabajo infantil aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Como Consejo de Protección de Derechos, tenemos una Comisión ocasional de erradicación del trabajo infantil, de la que han salido algunos insumos que alimentan esa ordenanza. La Comisión de Género del Consejo, también está involucrada. Entonces, con estos datos específicos, se puede aplicar una Política Pública que no debe ser encaminada solo al niño que trabaja, sino a la familia, para evitar efectivamente que este niño salga a trabajar», concluye Sybel Martínez. (I)