La reducción de casi $ 20 millones, entre el 2019 y lo que va del 2020, del presupuesto entregado a la Función Judicial, que habría generado la separación de servidores judiciales, el no pago de remuneraciones, ha afectado adecuaciones planificadas, trabajos de mantenimiento, hace que el Consejo de la Judicatura (CJ) pida al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la devolución de los recursos asignados en el presupuesto y exhorte a que no se efectúe ni un solo recorte adicional.

En un comunicado el CJ sostienen que con la finalidad de cumplir con su misión de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de los ciudadanos, ha realizado «arduos» esfuerzos y gestiones para mantener la continuidad de los servicios a los usuarios, pese al drástico recorte presupuestario aplicado por el MEF a la Función Judicial.

Ese hecho, se indica, habría imposibilitado cumplir con las actividades e intervenciones inicialmente programadas. Según el CJ, el recorte presupuestario realizado por el Ministerio de Finanzas habría sido para el 2019 de $ 12.2 millones; mientras que de lo que iría del año fiscal 2020 el recorte alcanzaría los $ 7.2 millones.

Debido a la reducción del presupuesto, que habría impedido pagar remuneraciones, el CJ en 2019 se habría visto obligado a prescindir de 166 servidores judiciales y en los primeros meses del 2020 de 26 servidores judiciales. Con ese hecho, se dice en el comunicado, se mermó la capacidad de atención en los despachos de causas.

«El déficit de jueces y de personal jurisdiccional, en virtud de la reducción de servidores que no han sido reemplazados, acompañado de la suspensión de actividades por la pandemia del COVID-19, traen como consecuencia el represamiento de causas, con la afectación directa a los usuarios que esperan por la debida atención y el acceso expedito a la tutela judicial efectiva de sus derechos», refiere el comunicado

Cifras del CJ indican que hasta mayo de este año, en la Función Judicial estaban en trámite 804.533 causas, en todas las instancias jurisdiccionales. Asimismo, entre 2019 y lo que va del 2020, se convocaron 734.490 audiencias, de las cuales se realizaron 501.326. Mensualmente a nivel nacional se efectuarían un promedio de 14.444 diligencias.

La restricción presupuestaria habría afectó la ejecución de adecuaciones en las Unidades Judiciales en varias provincias, actividades de mantenimiento de equipos informáticos, aires acondicionados, ascensores, entre otros, habrían quedado postergadas en Guayaquil, Tena y la Corte Nacional de Justicia.

El CJ afirma ser el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial y que para cumplir con su misión requiere contar con los «recursos mínimos necesarios, que permitan a la ciudadanía acceder a un servicio de justicia ágil, transparente y digno». (I)