La Paz, 1 oct (Prensa Latina) La situación jurídica del exministro boliviano de facto Arturo Murillo, actualmente detenido en Estados Unidos, empeoró tras declararse culpables cuatro procesados en su caso, afirmó hoy una fuente legal.

El abogado de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, Thomas Becker, comentó que Murillo debería estar muy preocupado ante este hecho porque cuatro de los cinco implicados por delitos de lavado de dinero y soborno señalaron su vínculo con el extitular de Gobierno de Jeanine Áñez, y esos ilícitos llevan penas altas en el país norteño, citó la agencia noticiosa ABI.

Becker analizó el contexto actual del caso de la adquisición de material antidisturbios gestada en 2019 durante la gestión de facto en Bolivia, en el cual los socios de Murillo, Luis Berckman y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, se declararon culpables por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y blanqueo de activos para soborno de funcionarios extranjeros, cuya pena prevista oscila entre los tres y 10 años.

El letrado consideró que esta declaración de culpabilidad sirve de mucho en el caso instaurado contra Murillo en Estados Unidos, pero también, debido a la relación con el gobierno de facto de Áñez, puede coadyuvar en el proceso de investigación abierto en Bolivia, de acuerdo al reporte de la fuente.

Becker adelantó la posibilidad de que el encartado también se declare culpable con el fin de aminorar su condena, sin embargo, esta situación dependerá de las negociaciones que llevan adelante los abogados de su defensa, opinó.

Murillo, su exjefe de gabinete Méndez Mendizábal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, junto a varios exfuncionarios de facto, están implicados en este caso acusados de soborno de una empresa intermediaria para un contrato con el gobierno boliviano sobre adquisición de gases lacrimógenos.

Los sobornos pretendían que la empresa de Bryan Berkman, Bravo Tecnical Solutions, con sede en Florida, Estados Unidos, obtuviera transacciones del Ministerio de Defensa boliviano para la obtención de esos medios represivos.

Esta negociación comprendió un contrato de 5,6 millones de dólares para gases lacrimógenos y armas no letales para el gobierno de facto, que los usó para reprimir durante las protestas por el golpe de Estado perpetrado contra el entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019.

mem/dla