La mesa de Desarrollo Económico entregó el documento para que sea debatido en el Pleno de la Legislatura.

Punto Noticias. Con ocho votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe, para primer debate, del proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19, del Ejecutivo.

Según los parlamentarios de esta mesa, la propuesta del Gobierno fue modificada en un 70%.

Contribuciones

Por nueve meses y a partir de 720 dólares y no de los 500 dólares, como lo planteó el Ejecutivo, las personas naturales con relación de dependencia, tanto del sector público como privado, deberán pagar una contribución humanitaria sobre su ingreso neto mensual. De igual manera, las personas naturales que realicen actividades económicas y que durante el ejercicio fiscal 2019 hayan percibido ingresos netos de cualquier fuente, deberán pagar una contribución sobre el promedio mensual de tales ingresos.

Sobre el aporte del 5 % de empresas con utilidades superiores al millón de dólares, los parlamentarios coincidieron que sea con base en el ejercicio fiscal 2019 y no del 2018 como originalmente planteaba la norma.

Los parlamentarios incorporaron un artículo en el que también se realizará una contribución solidaria sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capitales existentes en el Ecuador, de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales y otras jurisdicciones en el exterior.

En el informe se detalla, también, que el valor declarado y pagado de las contribuciones establecidos en la normativa podrá ser utilizado como crédito tributario para el pago de Impuesto a la Renta, a partir del ejercicio fiscal 2022.

Durante la discusión del informe se planteó, además, que de la contribución humanitaria solo quede exonerado el sector de salud.

Medidas sociales

En este capítulo se establece la reducción de pensiones educativas, en al menos un 20 % y el compromiso para que el Gobierno entregue ayudas, mediante compensaciones monetarias o no monetarias, para cubrir parte de la pensión del presente año lectivo a los diferentes niveles del sistema educativo.

En lo referente a la suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato también se extendió el beneficio para el sector comercial, siempre que demuestre que sus ingresos han sido afectados, desde febrero, en al menos un 30 %.

En las facilidades de pago a la Seguridad Social también están incluidas las personas naturales. La extensión de cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social quedó tal cual envió el Ejecutivo.

El articulado también recoge el no incremento de servicios básicos, la reducción de un 10 % de la tarifa de energía eléctrica, créditos productivos para la reactivación económica y protección del empleo en el sector privado, tasas de interés para la reactivación, reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero, reprogramación de pagos de cuotas de seguros, entre otros aspectos.

Cuenta Especial

En el capítulo cuatro, referente a la Cuenta Especial de Asistencia Humanitaria e Impulso a la Economía, se realizaron varias modificaciones. El documento establece con claridad cuál será el destino de los fondos de la Cuenta Especial: los recursos que provengan de la contribución de las personas naturales servirán para financiar planes, programas, proyectos y actividades de salud y sustento de personas en estado de vulnerabilidad, incluyendo transferencias monetarias.

Mientras que con las contribuciones únicas de personas jurídicas se utilizarán para la sostenibilidad del empleo y la reactivación productiva, dando prioridad en la atención a las zonas deprimidas. El resto de recursos que alimenten la cuenta especial será destinado a enfrentar la emergencia sanitaria y las consecuencias derivadas de ésta.

Los recursos de la Cuenta Especial no podrán utilizarse para pago de deuda externa. En forma excepcional se podrá adquirir bienes y servicios del exterior con la confirmación previa de que no se disponga de oferta nacional.

Aquí también se incorporó un artículo sobre los créditos y ayudas públicas para garantizar las fuentes de trabajo.

Sostenibilidad del empleo

El articulado contempla que la reducción de la jornada laboral puede ser de hasta un 50 % y que los acuerdos entre trabajadores y empleados sean colectivos. Los comisionados decidieron suprimir la propuesta de reducir en un 10 % los sueldos de todos los servidores públicos, de manera permanente.

En cuanto al goce de las vacaciones se excluyó del informe el adelanto de vacaciones, conforme lo planteó el Ejecutivo.

En el capítulo 4 de la norma se incluyeron otros artículos relacionados con la priorización de contratación a trabajadores, profesionales, bienes y servicios de origen local y estabilidad de trabajadores de la salud.

Concordato

En el capítulo 5 se incorporó acuerdos pre concursales de excepción. Es decir, los deudores podrán suscribir acuerdos con sus acreedores, mediante los cuales se pueden establecer condiciones, plazos y la reducción o reestructuración de las obligaciones pendientes de cualquier naturaleza.

Disposiciones

En cuanto a las disposiciones generales y transitorias también hubo varios cambios: reducción proporcional de pensiones alimenticias y acuerdos de pago; que los sujetos pasivos de impuesto a la renta podrán realizar anticipos voluntarios a favor del Fisco, en cuyo caso se reconocerá a su favor los intereses correspondientes, calculados desde la fecha de pago hasta la fecha de vencimiento de la obligación tributaria.

Además, el Estado garantizará la apertura de nuevos emprendimientos desde el día cero, sin ningún tipo de requisitos, para lo cual el Servicio de Rentas Internas emitirá un permiso de operación provisional que tendrá una validez de ciento ochenta días.

También, los médicos que, durante la emergencia de Covid-19, se encuentren prestando sus servicios en los hospitales pertenecientes al Sistema Nacional de Salud Pública o al Sistema Nacional de Seguridad Social, en calidad de posgradistas autofinanciados, se considerarán médicos en funciones hospitalarias en formación y suscribirán un contrato de servicios ocasionales.

Fuente: Asamblea Nacional.