La mañana de este viernes, por falta de una notificación no se instaló la audiencia de formulación de cargos por el delito de tráfico de influencias solicitada por la Fiscalía contra siete oficiales de la Policía Nacional y tres ciudadanos civiles, quienes supuestamente participaron en un proceso de contratación por subasta inversa para el mantenimiento del helicóptero AS 350 B2 de matrícula PN-114, en el que habrían existido irregularidades.

La audiencia de formulación de cargos fue convocada por la jueza penal de Pichincha, Ana Guerrón, para la mañana de este viernes en el Complejo Judicial Norte, en Quito, pero al no haber sido notificado uno de los procesados que tiene su domicilio en Ambato, la diligencia no se dio.

El contrato de mantenimiento cuestionado tuvo un valor de $ 777 623 y según una investigación de la Policía este proceso generó «un considerable perjuicio económico para el Estado ecuatoriano». Dos coroneles, un teniente coronel, dos mayores, un teniente, un subteniente y tres civiles son contra quienes el fiscal Carlos Alarcón, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, solicitó la audiencia.

Los detalles del denominado caso Fénix fueron proporcionados en mayo pasado a la Fiscalía por investigadores de la Dirección Nacional de Asuntos Internos de la Policía

Según la Policía, en el proceso de contratación del 2019 se habrían presentado tres oferentes: Insume, All Equipment Supply y como persona natural Diego Chango. Por no presentar la documentación específica de la oferta, en la primera fase habría quedado descalificada la empresa All Equipment, quedando solo Insume y Chango en la puja. El día de la puja no se presentó la persona natural, resultando Insume como la ganadora del proceso.

El 23 de mayo de 2019 se conformó la Comisión Técnica calificadora de las ofertas y el 16 de julio de ese mismo año se firmó el contrato entre el comandante del Servicio Aero Policial y la representante de Insume.

La investigación policial sostiene que el 24 de diciembre de 2019 se generó el pago de tres facturas por el monto de $ 777 623, pese a que no se encontraban concluidos los trabajos de mantenimiento del helicóptero. Un día después, el administrador del contrato habría generado un informe manifestando que el objeto del contrato ha sido cumplido en su totalidad y recomienda se continué con el trámite de pago del 30% restante, a sabiendas que el helicóptero continuaba en Estados Unidos y sus trabajos no habían sido culminados.

«El administrador de contrato adjunta a su informe un acta de entrega recepción definitiva del helicóptero y una certificación de conformidad sin firmas de la entidad contratista, entre otras irregularidades y documentos faltantes», explica la investigación policial.

Edwin Romero, abogado de uno de los investigados, explicó que aún se debe dilucidar si es competente el juez que actualmente está en el caso ya que avocó conocimiento otro juez penal de Pichincha. Pese a que se llamó a audiencia por el delito de tráfico de influencias, el abogado habla de un delito de asociación ilícita en el que, refiere, espera ver los elementos con que cuenta la Fiscalía para saber si existe o no el delito que se quiere investigar.

«Hay que ver si existe algún tipo de vinculación de la parte contratante y la contratista, si se asociaron o no. Hay que tomar en cuenta que a la persona que yo represento puso en consideración de las autoridades correspondientes para que se dé por terminado ese contrato, pues no se observaron algunos procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Pública, sobre todo en la fase precontractual, contractual y de ejecución de la contratación», apuntó Romero. (I)