La Habana, 12 octubre (Prensa Latina). Menos de una semana resta para las elecciones generales en Bolivia, proceso clave para el retorno a la normalidad política fracturada por el golpe de Estado que obligó a dimitir el presidente Evo Morales en noviembre de 2019.

Las encuestas son claras, el Movimiento al Socialismo (MAS) y sus candidatos a presidente y vicepresidente, Luis Arce y David Choquehuanca, son los grandes favoritos para imponerse en las urnas; sin embargo, la derecha articula una serie de acciones para impedir que las fuerzas progresistas regresen al poder.

Dos grandes escenarios se perfilan, conforme a los movimientos de las fuerzas políticas opuestas al MAS: uno preparado para reaccionar ante una victoria de esa agrupación en primera vuelta, como pronostican las encuestas, y otro con una segunda vuelta favorable a una coalición anti-MAS.

La cantidad de variables relacionadas con un proceso electoral que podría concluir este domingo, y el mayoritario apoyo popular al MAS, son motivos suficientes para que la derecha contemple el uso de la fuerza (policía, ejército y de choque como del Movimiento Juvenil Coachala), y así no entregar el poder tras una derrota en las urnas, como han denunciado numerosos activistas y políticos progresistas de este país.

La represión de los uniformados a los movimientos y organizaciones sociales, seguidores del MAS y descontentos con la gestión del gobierno de facto, ha sido una constante desde el golpe de Estado contra Morales, aseguraron los críticos.

Sin embargo, con las elecciones a menos de una semana lo que hasta hace poco eran “supuestos” planes, resultan ahora una amenaza real, advirtieron expertos.

El gobierno de la presidenta inconstitucional Jeanine Áñez ha intentado crear un clima anti-MAS al acusarlo de atentar contra la salud de los bolivianos bloqueando ayudas financieras, cadenas de suministros médicos, todo bajo el amparo de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

También le atribuyen otras acciones como la de activar grupos violentos que atentan contra la democracia y de llamar a la violencia si los resultados electorales no le son favorables, guiones repetidos con anterioridad en esta nación, cuando entre los contendientes se perfila como favorito una figura del entorno progresista.

Sin embargo, son otros movimientos, ausentes de las dinámicas mediáticas, las que encienden las alarmas por una posible ola de violencia, incluso un nuevo golpe de Estado, con policías, militares y otros grupos al servicio de la derecha como protagonistas.

Investigaciones y denuncias en medios alternativos y las redes sociales dan cuenta de las reuniones del ministro de Defensa, Fernando López, con mandos militares de diferentes regiones del país para, de acuerdo con fuentes internas, preparar una serie de acciones encubiertas dirigidas a legitimar el empleo de la fuerza.

Entre las misiones a ejecutar señalan presiones a los observadores internacionales y explosiones en puntos clave de las principales ciudades con un rastro de pruebas que señalan al MAS como autor de las mismas.

El objetivo final es condenar públicamente al también conocido como partido azul (color de la bandera de ese movimiento), invalidar las votaciones y convocar a un nuevo proceso mientras el país es gobernado por los uniformados, y el cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dejando así un Estado sin representación popular alguna.

Varios medios publicaron en el transcurso de las dos últimas semanas una lista de militares en servicio activo y pasivo, y sus grados, relación en la que figuran generales y coroneles.

Por otro lado está la búsqueda de apoyo internacional para legitimar una acción de estas dimensiones, y salta como la acción más audaz la visita a Estados Unidos del ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Se anunció que el viaje de Murillo a Washington buscaba apoyo financiero, pero el verdadero motivo de la visita fue el de recabar ayuda para impedir la victoria del MAS, bajo el pretexto de fraude en las urnas y un supuesto escenario de violencia nacional, aspectos que incluso publicó el diario Página Siete, que responde a sectores de la derecha.

El plan sigue un guion en uso desde hace tiempo para impedir la existencia de gobiernos progresistas en la región.

A menos de una semana, en los bolivianos está decidir el futuro de su país, el respeto a la decisión de la mayoría y el regreso a un estado de progreso que solo el MAS hizo posible en 195 años de historia republicana.

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