La funcionaria mencionada lo negó y aseguró que sus acciones fueron legales.

Punto Noticias. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional continuó, este viernes 23 de julio, la sustanciación del juicio político al excontralor subrogante Pablo Celi, por incumplimiento de funciones.

Con este propósito recibió a varios comparecientes, con el fin de recabar información de estos, que sustente las causales del proceso propuesto por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, de la bancada de UNES.

Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Energía y expresidente de Petroecuador, se conectó vía Zoom desde la cárcel de Latacunga, acompañado de su abogado.

Pareja afirmó que la auditora de la Contraloría Flor María Guerrero era una de las funcionarias clave de una red de corrupción en este organismo de control, dedicada a desvanecer glosas y emitir informes favorables a empresas.

Mientras tanto, esta funcionaria, que también fue convocada a la mesa legislativa, declaró: «investíguenme, no van a encontrar acciones reñidas con la ley».

Guerrero aseveró que, de acuerdo con sus funciones, no puede desvanecer glosas y ha respetado las acciones de control como se dispone en la ley.

Sofía Moreno, directora de Responsabilidades de la Contraloría, explicó a los parlamentarios la estructura de la Dirección de Predeterminación de Responsabilidades, instancia que levantó actas de la información que se recuperó del edificio incendiado.

Desmintió a la exsubcontralora Valentina Zárate sobre la devolución a los auditores de más de 1.000 informes caducados. «Nosotros si priorizamos plazos con el Art. 71 y verificamos si están en riesgo de caducidad», señaló.

Marcela Orbe, ingeniera en sistemas de la Contraloría, otra de las comparecientes, se refirió a sus competencias sobre la custodia de la información. Aclaró que da soporte técnico en la institución y atiende servicios en línea.

Héctor Pérez, subcontralor de Auditoría, explicó sus funciones y se refirió al desvanecimiento de glosas y los planes de control interno, temas sobre los cuales no aportó con mayor información.

Aseveró que los procesos de determinación de responsabilidades para las sanciones y glosas está bajo la Unidad de Responsabilidades de la Contraloría.

El presidente de Fiscalización, Fernando Villavicencio, reclamó que esta comisión solicitó, por tres ocasiones, información a la Contraloría General y hasta el momento no remiten. El contralor Carlos Riofrío ha hecho caso omiso, reclamó y advirtió que los funcionarios que se nieguen a entregar documentos pueden ser destituidos.

Los legisladores Villavicencio y Ana Belén Cordero mostraron su malestar por la falta de cooperación de parte de los funcionarios de la Contraloría, porque sus testimonios han sido extremadamente generales. Cordero dijo que «tienen amnesia selectiva».