La Fiscalía provincial de Chimborazo avanza con las diligencias dentro de la investigación previa abierta por el delito de peculado en el que supuestamente habrían ocurrido al interior de la Prefectura de esa provincia, en dos contrataciones, que sumarían $ 354 000, para el «fortalecimiento de imagen» y «publicidad» de la entidad en cuestión.

Para este jueves, a las 13:00, ha sido convocado a la Fiscalía de Chimborazo, Jonás Bravo, representante legal de una de las empresas que aparentemente estaría involucrada en unos de los contratos investigados, el cual ascenderìa a $ 90 000. Junto a Bravo, Fiscalía llamó también para el jueves a rendir versión a otras dos personas señaladas como sospechosas.

Hasta el momento, la Fiscalía provincial ha llamado a rendir versión a catorce personas, entre las cuales estarían varios individuos a los que se los investiga en calidad de sospechosos.

El 23 de abril, la Fiscalía de Chimborazo informó del allanamiento que realizó en varias oficinas de la Prefectura. El objetivo, se dijo, era recabar y preservar información sobre varios delitos que podrían haberse cometido en esa institución, que es liderada por el prefecto Juan Pablo Cruz.

Uno de los reparos que se hizo desde varios sectores sociales a las contrataciones, fue que las mismas se habían hecho en medio de la emergencia sanitaria generada a nivel nacional por la pandemia del coronavirus.

Bravo aclaró que el contrato nunca se firmó por ambas partes y que, de hecho, este proceso de contratación empezó mucho antes de que se declare la emergencia sanitaria.

«Yo envié la primera cotización en febrero, un mes antes de que se declare la emergencia sanitaria, que fue el 11 de marzo, pero finalmente no se firmó. Eso quiere decir que la Prefectura de Chimborazo no ha gastado ni un centavo, no ha gastado recursos y que el proceso no finalizó y nosotros no empezamos a trabajar», señaló Bravo, al tiempo que recordó que ha sido la misma Prefectura la que ha dicho que el 9 de diciembre pasado fue cuando planificó este proceso de contratación.

Respecto a la investigación por peculado, Bravo cuestionó que cómo puede existir una investigación por este delito si nunca el contrato inició, cómo Fiscalía puede hablar de un peculado o un mal manejo de dineros públicos, si nunca se gastó dinero alguno.

Agregó que la Fiscalía está haciendo que él caiga en indefensión al pedirle que vaya personalmente para rendir versión, estando él en Quito, en medio de una pandemia, y sin haberse reunido con un abogado para que lo defienda o haya revisado el expediente.

La Fiscalía ha requerido que se oficie al director Regional de la Contraloría General del Estado para que proceda a realizar un examen especial de los dos procesos de contratación investigados y realizados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Chimborazo. (I)