La Fiscalía presentará a sus otros testigos de una presunta red de corrupción en la que operaban funcionarios públicos, jueces y un abogado.

Punto Noticias.- Con la presentación de testigos por parte de la Fiscalía se retomará este jueves la audiencia de juzgamiento en contra de ocho procesados por delitos de asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones.

La Fiscalía presentará a sus testigos en este caso conocido como El Rodeo en el que son procesados cuatro servidores administrativos y de asesoría jurídica del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, en Portoviejo, Manabí; tres jueces de Garantías Penales y Penitenciarias; y un abogado en libre ejercicio.

Los siete funcionarios públicos son procesados como presuntos autores y el abogado como coautor.

Según las investigaciones, los procesados eran parte de una presunta red de corrupción que solicitaba dinero a personas privadas de libertad (PPL) a cambio de garantías penitenciarias. Al menos 36 presos habrían sido beneficiados.

El juicio se inició el pasado 16 de marzo y tuvo cuatro audiencias fallidas hasta que logró reinstalarse ayer.

Durante la diligencia, los abogados de los procesados explicaron sus alegatos al Tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí.

La juez ponente María Paola Miranda tomó, además, el juramento colectivo a los testigos de la Fiscalía.

El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, llamó al décimo tercer testigo (en marzo testificaron 12), Juan Bedón, agente de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria y oficial del caso.

El testimonio del agente se extendió por más de cuatro horas y en él mencionó a los ocho procesados como integrantes de una supuesta red de corrupción.

Dijo que solicitaban dinero en efectivo y hasta botellas de licor a los familiares de los privados de libertad para “arreglar sus salidas de la prisión”.

“Las víctimas indicaron que entregaron entre 300 y 400 dólares para tramitar las garantías penitenciarias y que los jueces habrían solicitado hasta 5.000”, enfatizó.

El testigo explicó que, si el pago no se cumplía, el juez no instalaba la audiencia y se amenazaba a los familiares.

La Fiscalía informó que el contacto entre el SNAI y los jueces, de acuerdo a las investigaciones y pericias, se habría demostrado en la triangulación de llamadas telefónicas e información extraída de los celulares incautados a los procesados.

En este caso, la Directora de la cárcel El Rodeo habría comentado que existía un malestar por parte de los privados de libertad y sus familiares de que no les habían cumplido con el trámite, a pesar de efectuaron la cancelación de lo pactado.

Con este indicio se inició la investigación previa en 2018, pero para el 24 de septiembre de 2019, la Unidad de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción y Antilavado de Activos de la Fiscalía efectuó un operativo por este caso.

En un comunicado, la Fiscalía aclaró que las garantías penitenciarias son un derecho para las personas privadas de la libertad, por lo tanto, no se debe entregar dinero para su otorgamiento.

Fuente: Fiscalía, Pichincha Comunicaciones, redes sociales