La Fiscalía insistió en que eso no procede al ser imputada en calidad de autora de concusión. Al momento, mantiene arresto domiciliario y grillete electrónico.

Punto Noticias.- Para la tarde de este lunes 2 de agosto está previsto que el juez nacional Walter Macías anuncie su resolución sobre la revisión de medidas cautelares solicitada por la exasambleísta Karina Arteaga, procesada por presunta concusión.

La exlegisladora desea presentarse ante la autoridad competente como lo hacen su esposo Jhon Arturo Álava y su excolaboradora de despacho, Jenny Muñoz, también procesados en este caso, ya que ella tiene arresto domiciliario y grillete electrónico.

Durante la diligencia, el abogado de Arteaga presentó certificados de salud y laborales para justificar el pedido.

La exlegisladora estaría afectada por un trastorno ansioso de personalidad que habría sido agravado por el proceso penal abierto en su contra.

Adicionalmente, presentó un certificado laboral de la Universidad Técnica de Manabí en donde, desde mayo pasado, volvió a ser docente a tiempo parcial percibiendo un salario de USD 890 al mes.

La defensa de la exlegisladora también adjuntó un documento que señala que fue atendida por un cuadro con síntomas de ansiedad derivado por un evento estresante, además padece de insomnio, cambio de ánimo y ha recibido tratamiento farmacológico desde el 2020.

A su vez, se pidió tratamiento igualitario en relación a los otros dos procesados que se presentan periódicamente ante la autoridad. Pero fue en este punto que el fiscal subrogante Wilson Toainga recordó que a ella se le acusó de autora y a los otros de cómplices.

El fiscal explicó que los cambios de medidas cautelares son posibles cuando existen hechos nuevos antes no justificados, pero en el caso de Arteaga no hay esa circunstancia.

Acotó que la defensa de la exasambleísta confunde lo que es revisión con apelación y aclaró que el fundamento del pedido es en virtud del principio de igualdad, pero la calidad de imputada de Arteaga es de autora de concusión, con las circunstancias de si la conducta se realiza mediante violencia o amenaza, la pena, en el caso de ser hallada culpable, es de cinco a siete años de cárcel.

Con este antecedente, el fiscal pidió que se deseche el pedido y se mantenga el arresto domiciliario y el grillete, debido a que los certificados médicos, además, son de especialistas particulares y no de una institución del sistema público como exige el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Toainga aseveró que por excepción ya se le impuso el arresto domiciliario, porque por las pruebas presentadas en su contra merecía la prisión.

Arteaga es investigada por el presunto cobro de diezmos a Verónica Pinargote, exasesora en la Asamblea, a cambio de que conserve su puesto de trabajo.

El 21 de mayo de 2019, la exfuncionaria denunció a Arteaga por los aportes mensuales que se le exigían, los que sumaron un total de USD 2.861 a cambio de mantenerla en su empleo como asesora.

Los recursos los habría depositado en la cuenta del esposo de Arteaga y serían aproximadamente unos USD 31.000 que en total entregó la afectada y que habrían sido utilizados para la compra de un vehículo y gastos personales.

Fuente: Fiscalía, Expreso, redes sociales