«La fiscal no debe preocuparse, sino que debe actuar y no debería estar insinuando, debería aclarar la información», dijo el asambleísta.

Punto Noticias.- Ronny Aleaga, asambleísta por UNES y vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL) se refirió a las declaraciones de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en las que expresó su preocupación ya que, dijo, «mientras los procesados sigan en el poder será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia».

El legislador enfatizó que «la fiscal no debe preocuparse, sino que debe actuar y no debería estar insinuando, debería aclarar la información».

«Por trasparencia tiene que responder a estas declaraciones que dio desde su cuenta personal de Twitter. Mi comunicado no va cargado con mala intención», manifestó Aleaga en una entrevista con FM Mundo.

Informó, además, que ha solicitado al Consejo Nacional de la Judicatura que estas declaraciones de Salazar sean analizadas y que, posteriormente, soliciten a la fiscal que revele los nombres a los que ella se refiere.

«El Consejo tiene 10 días para responder a mi requerimiento de información, porque estas declaraciones de la señora fiscal tenía nombre y apellido y se refería a Pablo Celi», explicó.

Sobre el caso del contralor subrogante, el asambleísta consideró que «Celi debe ser enjuiciado penal y políticamente dentro de la Asamblea».

«No se puede permitir por decencia que la Contraloría General siga en manos de una persona que está detenida», agregó.

A criterio de Aleaga, «Celi es una persona que no tiene legitimidad para estar en el cargo» y sostuvo que el funcionario «está usurpando un cargo que no le corresponde, no ha sido posesionado como autoridad ante el Pleno de la Asamblea y hoy siendo procesado aún le permiten que siga manejando la Contraloría general del Estado».

Asimismo, sobre lo revelado hoy por la Comisión de Fiscalización, el legislador enfatizó que «la Contraloría ha armado una posible estructura criminal, donde 4.170 glosas han sido desvanecidas, donde el perjuicio del Estado podría superar los USD 800 millones y gran parte de esta documentación se quemó misteriosamente en octubre de 2019».

Sobre lo ocurrido en el incendio del edificio de la Contraloría, defendió que «cuando trataron de acusar a su organización política (RC), la contralora subrogante, Valentina Zárate, dijo que el incendio provino de adentro».

«Entonces, hay mucho que explicar a la justicia ecuatoriana», finalizó.

Fuente: FM Mundo