La fiscal general Diana Salazar, el martes último, luego de explicar los elementos que poseía para sustentar su acusación contra siete procesados por delincuencia organizada, entre quienes está el exasambleísta Eliseo Azuero, concluía no solo que en el caso se encuentran configurados los elementos constitutivos de delito que se persigue, pues se evidenció que se ejecutó y dispuso la realización de las actividades con el propósito de obtener réditos económicos, sino que en ese transcurrir se habrían dado delitos como lavado de activos, peculado, falsificación de firmas.

Un día después, Salazar, al ser consultada sobre cuántas indagaciones se habrían iniciado por otros delitos a partir de los hechos de corrupción ocurridos en el proyecto de construcción del hospital de Pedernales de 30 camas, confirmaba que «existe un sinnúmero de investigaciones que están en investigación previa».

No dio detalles, pues esa fase preprocesal tiene restricciones, pero aseguró que la Fiscalía lo que busca es llegar a la verdad siempre.

El 19 de noviembre próximo se conocerá si el juez nacional Marco Rodríguez llama o no a juicio a Azuero; a Jorge Jalil, exsubdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); Pablo Cruz; Dany Calderón; Miguel Ganchozo; José Párraga y Danilo Véliz. Su audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se suspendió el martes último y el juez se encuentra en fase de deliberación.

En este caso inicialmente eran 19 los procesados, pero la cifra cambió una vez que el lunes último se sentenció en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), luego de una audiencia de procedimiento abreviado, al exasambleísta Daniel Mendoza a cuatro años y dos meses de cárcel, al pago de una parte de los $ 8 millones que pidió Fiscalía como reparación, en calidad de autor y líder de la organización.

También condenó a 34 meses de prisión a Jean Benavides, exasesor de Mendoza; al exdirector del Secob René Tamayo; al representante del Consorcio Pedernales-Manabí, José Véliz; y a Franklin Calderón; y a 40 meses de cárcel a Jennifer Cobeña, expresidenta de la Comisión Técnica de Calificación del Secob; a Ángel Andrade, su excompañero de Comisión, y a José Santos.

En la causa la Fiscalía emitió un dictamen abstentivo a favor de Tannia Saltos, Olga Macías, Esteban Velásquez y Mario Ordóñez, dictamen que fue acogido por Rodríguez, quien los sobreseyó.

Dentro de los delitos que estarían siendo investigados por la Fiscalía constarían de alguna forma los revelados por cinco de quienes ahora ya tienen sentencia (Mendoza, Tamayo, Benavides, Véliz y Calderón) y que entre finales de septiembre e inicios de octubre rindieron un testimonio anticipado en el caso.

Por ejemplo, Mendoza dijo que Azuero, como cabeza de la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI), recibió dinero de coimas no solo del proyecto en Pedernales, sino también del proyecto del hospital de Bahía de Caráquez, que manejó el Secob y que tenía un sistema para repartir dineros de coimas entre sus compañeros de bancada a cambio de apoyo en temas legislativos.

En esta trama, alias Banquero, como se le ubicaba a Franklin Calderón, reconoció en su testimonio anticipado haber recogido y cambiado catorce cheques que sumaban $ 1’240.000, venidos de la obra en Pedernales. En su relato recordó que depositó dos cheques de $ 80.000 y $ 20.000 en la cuenta de su suegra, la sobreseída Olga Macías, y que para cobrarlos falsificó la firma de la mujer de 80 años.

En cambio, Véliz, representante del consorcio al que se adjudicó la construcción en Pedernales, refirió en su testimonio hechos escuchados en este proceso irregular en el que reconoció haber participado. Por ejemplo, que Calderón con el dinero de esta trama compró «ciertos bienes a terceras personas» o que en una reunión, en abril pasado, escuchó que se recogía dinero para desestabilizar a la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

El ingeniero Véliz recordó, además, fiscalizaciones ofrecidas por Calderón y Jalil, pero echadas abajo por decisión de este último para contratar a dedo a una empresa de su conveniencia; la entrega de un cheque de $ 40.000 para las personas que estaban colaborando para no entorpecer el proceso de construcción y en agradecimiento a un ingeniero que ayudó en el proceso.

«Había que ayudarle (al ingeniero) para bajar tensiones de ciertas denuncias que existieron dentro del Secob, justamente por esto, porque empresas, personas particulares habían puesto denuncias y también Julio Villacreces, de la Comisión Nacional Anticorrupción de Manabí, que puso denuncias por el mal manejo del proceso de contratación que se llevó a cabo para la construcción del hospital de Pedernales», explicó Véliz.

Otros temas que también se ventilaron en los testimonios anticipados fueron la recaudación de dinero venido de coimas o repartos políticos de instituciones para el manejo y vida del movimiento político Mejor, relacionado con Mendoza y Benavides, o la designación de sucursales de la Agencia Nacional de Tránsito en el Ecuador a asambleístas que recogían dineros por el cobro de trámites. (I)