La fiscal general del Estado, Diana Salazar, será llamada a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional para que informe sobre las acciones realizadas frente a los casos de pesca ilegal del tiburones cerca a las Islas Galápagos desde el año 2019 y el caso de exportación de 26 toneladas de aletas de tiburón de manera ilegal, que fueron enviadas desde Ecuador a Hong Kong.

Ocho legisladores de Comisión legislativa aprobaron una resolución que además pide información de las ocho toneladas de aletas de tiburón que llegaron desde Ecuador a Perú, en septiembre pasado.

La resolución además plantea la presencia del Ministro de Ambiente y del viceministro de Acuacultura respecto a los estudios y controles realizados por esas carteras de Estado frente a la pesca ilegal de aletas de tiburón en la Zona Económica Exclusiva del Ecuador.

La Comisión realizó un seguimiento sobre la noticia internacional del decomiso de 26 toneladas de 31.000 tiburones zorro y 7.500 tiburones sedosos en Hong Kong en enero de 2020 y que fuera conocida en mayo de 2020, así como del decomiso de 11 toneladas de aletas de tiburón en Perú provenientes del Ecuador, y haciéndose eco de la solicitud de varias organizaciones ambientalistas y conservacionistas nacionales e internacionales que han expresado sus preocupaciones sobre la pesca ilegal de especies protegidas en el Ecuador

Aunque también la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales trató el tema y aprobó hace una semana una resolución que condena la pesca ilegal de la biodiversidad marina de Galápagos y el mundo, no llamó a la Fiscalía General del Estado porque el caso del decomiso de 26 toneladas está en etapa de investigación previa en el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales –SIAF, identificándose la investigación previa No. 200301820070025, por el presumible delito contra la flora y fauna silvestres, contemplado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal.

Por ello, la Comisión de Biodiversidad solicita información a la Fiscalía General respecto al presupuesto ejecutado por ese organismo para la investigación de los delitos contra el ambiente y la naturaleza; procesos internos para mejorar los procesos de investigación de los delitos contra la biodiversidad.

También solicita información en torno a las lecciones aprendidas por la Fiscalía General en los casos de pesca ilegal en 2011 en el caso de la embarcación ‘Fer Mary I’; y el proceso iniciado en 2019 en el caso de las embarcaciones Juan Carlos II; María Bonita I y Paloma I.

Cecilia Medina, del equipo técnico asesor de la Comisión de Biodiversidad comentó que la resolución se realizó tomando en cuenta artículos de la revista National Geographic publicada el 2 de noviembre de 2020, donde se presenta un artículo sobre el origen de las aletas de tiburón y hace referencia a una investigación presentada en la revista Biology Letters, que establece una investigación desde el ADN de las aletas de tiburón en la que se determina que la mayoría de aletas de tiburón que fueron incautadas vienen de tiburones costeros. El artículo publicado en octubre, dice que “los tiburones costeros abastecen el comercio global de aletas de tiburón”, y National Geografic nombra que la República del Ecuador es uno de los países que abastecen al comercio global de aletas de tiburón cuyas especies están dentro de las Zonas Económicas Exclusivas, anotó Medina.

Explicó que el tema de la pesca ilegal de aletas de tiburón es grave porque en el 2015 se obtuvo una sentencia en contra de una embarcación que capturó 370 tiburones cuando el hecho sucedió en el 2011, es decir, es muy lento el sistema para el juzgamiento, por lo que dijo que es necesario revisar la normativa y aplicar sanciones más drásticas al Código Orgánico de Ambiente; al Código Orgánico Integral Penal (COIP) e inclusive en aquellas leyes que rigen al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.

Más comparecencias

La Comisión también aprobó la comparecencia del viceministro de Acualtura y Pesca, Andrés Arens, para que informe sobre el estado en que se encuentra la elaboración del reglamento de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuacultura y Pesca; estadísticas y principales contenidos de los Dictámenes de Extracción No Perjudicial para todas las especies de tiburón.

También deberá informar sobre los procesos administrativos desde el año 2019 hasta la presente fecha donde se practiquen y aseguren la trazabilidad de la pesca incidental; reportes de pesca incidental y reportes de tiburones capturados desde el 2013 al 2020, así como la entrega por escrito de la lista de embarcaciones atuneras registradas en el Ecuador por pesca incidental y tiburones capturados; informes sobre capturas de tiburón por embarcación, donde se indique cantidades y especies, que sea parte de flota de barcos semi industriales o nodriza desde el 2013 a 2020, y los reportes de pesca blanca.

Los asambleístas también requieren del viceministro los estudios de poblaciones de tiburones sedoso, zorro, mako, sardinero en la zona del pacífico cercana al Ecuador, especialmente en las islas Galápagos. El funcionario también deberá informar sobre el último caso de incautación de 8 toneladas de Tiburón en Perú procedente de Ecuador, suscitado el 25 de septiembre del presente año.

En cambio, el ministro del Ambiente, Paulo Proaño Andrade, tendrá que informar a la Comisión de Biodiversidad sobre el análisis de presiones de pesca sobre Galápagos; las recomendaciones a la Comisión legislativa para aportar en una mejor legislación para la prevención de delitos contra la biodiversidad; y, finalmente informar sobre los reglamentos, acuerdos ministeriales y resoluciones que se encuentren vigentes para dar cumplimiento de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. (I)