La exfuncionaria considera que muy difícilmente los medios de comunicación podrán autoregularse, por lo que la eliminación del Cordicom solo les otorgará impunidad.

Paulina Mogrovejo, exvocal del Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom), destacó que los medios de comunicación tienen el poder de dañar la honra de las personas con total impunidad, por lo que, dijo, muy difícilmente se podrán autoregular.

Indicó que la intención de eliminar la Cordicom terminará impactando en los derechos de la población que se verán expuestos a contenidos xenofóbicos, racistas, misóginos o machistas, de ahí que destacó la necesidad de que la Asamblea debata el proyecto de Ley de Libertad de Comunicación enviado por el Ejecutivo con total responsabilidad y no solo en beneficio de unos pocos que sirvieron de lobby para el régimen de Lenín Moreno: “Y que ahora podrían quedar impunes frente a temas de regulación”.

Lamentó que la Cordicom en los últimos cuatro años haya sido desmantelada y únicamente usada para emitir informes contra medios de comunicación que eran considerados contrarios al Gobierno de Moreno: “No hubo regulación ni política pública de comunicación, por eso se descabezó porque no era interés. Es un secreto a voces que ha sido desmantelado y poco o nada puede hacer para beneficiar los derechos de comunicación”.

Respecto a la denuncia que realizó Jeannine Cruz sobre la entrega de becas de hasta el 100% a 21 periodistas para que puedan acceder a maestrías en universidades nacionales e internacionales desde el año 2019, Mogrovejo explicó que no es competencia de la institución hacer aquello, además puntualizó que hasta el 2016 la Cordicom solo sirvió como nexo de convocatoria para las Institución de Educación Superior como la Unir y ellos eran quienes daban el beneficio: “Podemos lanzar hipótesis porque no se ha transparentado el trabajo del Cordicom desde el 2017, lo único que se hizo público fue el informe contra Pichincha Universal pero no se ha desarrollado actividades regulatorias, actividades de investigación, calificación de contenidos discriminatorios”.

Con esa base indicó la necesidad de que se transparente el proceso por el cual se otorgaron las becas y bajo qué parámetros, para lo cual también, dijo, debería intervenir la Contraloría para conocer si hubo un mal uso de bienes o dineros públicos.