La entidad pide a Tribunales autorizar el proceso de cobro por reparación a integral al Estado.

Punto Noticias.- Para cumplir con la reparación integral al Estado ecuatoriano, la Procuraduría realiza gestiones que permitan recuperar USD 105 millones provenientes de siete casos ligados a actos de corrupción.

Uno de esos casos en el que está atrás la Procuraduría es el que involucra al exvicepresidente Jorge Glas con el tema de Odebrecht.

El 16 de octubre de 2019, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) rechazó el último recurso presentado por Glas y dejó en firme la condena de seis años, que 23 meses antes se había dictado por la trama de Odebrecht.

Un año y dos meses después de esa decisión final, ni Glas ni su tío Ricardo Rivera ni otros seis procesados han pagado los USD 33,3 millones que los jueces nacionales fijaron como reparación a favor del Estado.

Pero este no es el único caso en el que la Procuraduría debe actuar, hay seis más de connotación.

Para conocer los bienes que cada uno de los sentenciados posee, la entidad realiza un estudio. Según ese procedimiento se determinó que el exmandatario es dueño de dos departamentos en Quito y un inmueble en Atacames, Esmeraldas.

Esta información le habría servido a la institución para solicitar al Tribunal que autorice el inicio del proceso de reparación al Estado, pero aún no habría una respuesta.

También estaría pendiente el cobro al exministro Carlos Pareja Yannuzzelli, sentenciado a cinco años por cohecho. Él y otros imputados no han pagado USD 50,4 millones.

Esto ocurre pese a que fueron condenados en última instancia hace dos años y cinco meses. Algo similar ocurre con Pedro Delgado, quien hace tres años obtuvo una pena de ocho años por peculado.

En julio pasado, los datos sobre los bienes de Delgado fueron remitidos a la instancia judicial, pero tampoco hay una respuesta para recuperar los recursos.

En el caso del exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, que ya se encuentra fuera de la cárcel luego de haber sido sentenciado por lavado de activos, le falta cancelar USD 666 666.

Por este caso, él y otras personas más deben cubrir un total de USD 2 millones. Un Tribunal Penal dio 30 días de plazo para el pago. Si no cancelan esos valores hasta el 11 de diciembre, la Procuraduría iniciará la identificación de sus propiedades, para el posterior embargo y remate.

En el caso Sobornos, el 6 de noviembre se solicitó a un Tribunal que autorizara el inicio de un proceso para que cumplan con la indemnización al Estado por USD 14,7 millones.

Los 20 sentenciados tuvieron hasta el 6 de noviembre para cancelar, pero solo dos cumplieron. José Hidalgo entregó USD 368 632,43 y Víctor Fontana USD 778 224,17.

Para recuperar el resto, la Procuraduría envió al Tribunal un informe en el que se detallan los bienes de los condenados.

Los procesos de cobro que más han avanzado son los de María Sol Larrea, excoordinadora del IESS, y de Alex Bravo, exdirectivo de Petroecuador.

Ambos fueron condenados por enriquecimiento ilícito. En el caso de Bravo, en enero del 2019 se recuperaron USD 37 423,87 de una cuenta bancaria.

Desde 2019, en cambio, se confiscaron propiedades de Larrea y últimamente joyas.

Fuente: El Comercio, redes sociales