La decisión de trasladar a Jacobo Bucaram Pulley del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Sierra Centro-Norte Cotopaxi, en Latacunga, hacia la Cárcel 4, al norte de Quito, adoptada por un voto de mayoría del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que analizó la apelación del habeas corpus solicitado por él, zanja la discusión de que el procesado en dos causas por delincuencia organizada y una por tráfico de bienes patrimoniales debía mantenerse en el CRS de Latacunga o ser llevado a un reclusorio en Guayaquil.

En la providencia notificada la tarde del miércoles último se señala que se adopta la medida para precautelar «los derechos conexos» de Jacobo Bucaram Pulley, hijo del exmandatario Abdalá Bucaram Ortíz, con quien comparte una instrucción fiscal por tráfico ilegal de bienes patrimoniales, en Guayaquil, y otra por delincuencia organizada, en Quito.

La resolución con los votos de mayoría y con el voto salvado llegó cinco días después de que se escuchó en audiencia a la defensa de Bucaram Pulley y al abogado del CRS Cotopaxi.

En la diligencia Cristian Romero, abogado del procesado, dijo que se han violentado los derechos humanos de su defendido en el CRS Cotopaxi: se lo ha encerrado en una celda de 4 m2, que en ese lugar hay ratas, que solo tomaba sol por 5 minutos al día, que no se le brinda la seguridad necesaria y que se ha incumplido un traslado ordenado por un juez competente.

Pedía, a modo de reparación integral, que su cliente sea liberado para que así pruebe su inocencia y que se dé la publicación de disculpas públicas del CRS Cotopaxi y del Consejo de la Judicatura.

• Jueces de la CNJ disponen el traslado de Jacobo Bucaram a la Cárcel 4, en Quito

La orden de traslado en la que se debe observar las respectivas seguridades de Ley se dio pese a que el juez Juan Carlos Terán, de la Unidad Judicial Norte de Guayaquil, ordenó el 1 de octubre último que se traslade a Bucaram Pulley al Centro Regional 8, junto a la Penitenciaría, y aunque el procesado, en audiencia, pidió ser llevado a Guayaquil, ciudad en la que dijo tener arraigo laboral y familiar.

Extraoficialmente se conoció que Jacobo Bucaram iba a ser trasladado a Quito en horas de la tarde o noche del jueves último. En la mañana existieron sobre el caso reuniones de autoridades penitenciarias.

Jacobo Bucaram llegará a una Cárcel 4, ubicada al norte de Quito, la cual fue abierta a finales de 1994 solo para albergar policías investigados y procesados por diversos delitos, pero que casi de inmediato se volvió un recinto penitenciario por el que han pasado políticos, dirigentes deportivos, banqueros, diputados, ministros, entre otros.

Entre los personajes de la política ecuatoriana que han permanecido en los últimos años en las instalaciones de lo que originalmente fue una casa de familia y que con el tiempo esos espacios fueron adecuados como celdas, están el exvicepresidente Jorge Glas, el exministro Carlos Pareja Yannuzzelli o el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, todos sentenciados por delitos de corrupción.

Alfredo Arboleda, parte de la defensa de Jacobo Bucaram, dijo que no solo se sienten seguros por el lugar al que ha decidido la justicia remitir a su cliente, sino también porque por fin se empiecen a respetar los derechos de las personas. Él entiende que los jueces han considerado que la Cárcel 4 es el centro más óptimo para internarlo e incluso porque, a su decir, este es un caso político.

Para Arboleda, la resolución de la CNJ abre muchas puertas para acciones, pues determinaría que existen violaciones en todos los casos que se le siguen a Jacobo Bucaram y eso desde su perspectiva produciría, incluso, la nulidad de todos los procesos.

Adelantó que una de las primeras acciones que adoptarán, una vez el juez Terán siente la razón del incumplimiento del traslado de su cliente a Guayaquil y remita el expediente a la CNJ y Fiscalía, será iniciar un proceso por el delito de desacato contra el director del CRS de Latacunga, Patricio Limaico, y el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el coronel Edmundo Moncayo.

En la providencia de la CNJ se dispone se investigue las razones de la omisión de registro de la medida cautelar de prisión preventiva ordenada por Ronald Guerrero, juez de la Unidad Judicial Penal Norte número 2. de Guayaquil, en el CRS Cotopaxi.

«Para determinar los responsables de esta omisión, desde los funcionarios de la unidad judicial correspondiente que debían cumplir con la disposición del juez y enviar el despacho correspondiente, hasta los funcionarios del Centro de Rehabilitación Social referido. Este particular será responsabilidad del mismo juez Ronald Guerrero y del Consejo de la Judicatura», se dice en la providencia. (I)